La denuncia fue avalada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo Elia Espen, la diputada nacional MC Patricia Walsh y las organizaciones Correpi, Ce.ProD.H, Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Asociacion De Ex-Trabajadores y Familiares De Desaparecidos De Mercedes Benz Argentina y Abogados Laboralistas de Izquierda (A.L.I.).
Según explicaron esas organizaciones, desde las luchas por aumentos salariales en 2007 y 2008, la empresa FATE “inició una feroz persecución de activistas y delegados gremiales”. En plena negociación paritaria entre la cámara patronal y el SUTNA Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino “la patronal del neumático produjo centenares de despidos, 79 de ellos en FATE”, indicaron.
Además, señalaron que “en esta planta, durante la conciliación obligatoria y en violación de ella, se militarizó el establecimiento, no dejando ingresar a los cesanteados y amedrentando al resto, con cacheo y la presencia de centenares de efectivos policiales”.
También se iniciaron juicios de exclusión de tutela gremial tanto a directivos del SUTNA Seccional San Fernando como a los delegados de sección. “Contra el delegado Víctor Ottoboni, FATE promovió en 2008 juicio de desafuero para despedirlo”, explicaron las organizaciones, a través de un comunicado.
“Ottoboni ha defendido siempre a sus compañeros, por condiciones de seguridad e higiene y consultando democráticamente en asamblea ante los reclamos. Incluso en defensa de sus compañeros tercerizados, que haciendo tareas propias de la actividad se encontraban en condiciones de inferioridad y sin representante gremial. Es por ello que en diciembre de 2009 fue reelegido como delegado por sus compañeros”, dijeron.
Ahora, el Tribunal del Trabajo Nº 1 de San Isidro deberá expedirse sobre la situación de Ottoboni: dejándolo sin tutela gremial o rechazando las pretensiones discriminatorias de Fate, “que ya ha tenido once condenas judiciales por discriminación y reinstalación de los despedidos en sus puestos de trabajo”, señalaron las organizaciones.
“Entendemos que este ataque a la organización gremial de FATE, se inscribe en el marco de la judicialización de la protesta social, a través del procesamiento de 6000 luchadores obreros y populares”, explicaron las organizaciones.
Por eso, exigieron “a todas las autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas el respeto de la actividad sindical legítima de todos los trabajadores y de la tutela gremial de los delegados, conquista de la clase obrera ante los abusos y persecuciones patronales”.
Para expresar su repudio marcharán el próximo martes a las 9 al tribunal de San Isidro. (DIB)
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