Especialmente si se toman en cuenta las diversas series temáticas propuestas entre la transición del año viejo al año nuevo: desborde social, incitación a la represión, colapso del sistema energético, inseguridad, inflación y violencia por doquier.
En vano han tratado de decretar la fugacidad de la ola de reflexión, simpatía y adhesión que la muerte de Néstor Kirchner despertó en la sociedad toda.
Argumentaron su carácter estacional y pasajero, para sugerir que el espejismo desaparecería empujado por la crispación de sus propias portadas y de los móviles televisivos instalados sobre el caos, la violencia y el descontrol.
No han conseguido la tradicional respuesta pavloviana: el reflejo condicionado que convierte la hostilidad multimedia en opinión negativa; y ahora pretenden instalar la idea de que la indiferencia social a tales escenarios se debería a que la publicidad oficial ha logrado instalar un “relato” que no corresponde con la realidad.
La imagen positiva de Cristina crece a pesar de las dificultades causadas por la persistencia de deudas sociales, de infraestructura y con la satisfacción plena de las demandas –legítimas– de una sociedad lanzada a mejorar la calidad de vida, en un contexto de expectativas empujadas por un crecimiento acumulado del 8,2% y de niveles récords en materia de recaudación y turismo.
Es probable que la opinión pública valore el esfuerzo de gobernabilidad que supone mantener el timón del barco en la dirección de tales resultados –pese a los obstáculos y dificultades– y establezca en ese sentido una corriente de simpatía con la mujer que tiene la máxima responsabilidad en la conducción del país.
Es incluso explicable que hasta los obstáculos se conviertan, desde el sentido común, en un sentimiento de solidaridad y acompañamiento.
Pero parece que la evidencia de las últimas encuestas –con un 60% de imagen positiva– no logran más que enfurecer a los pooles de medios, especializados en presentar cada coyuntura como una trampa sin salida.
Creen, como sostuvo un opinólogo hace poco, que las nuevas oportunidades de la comunicación, a partir de los despliegues tecnológicos y las políticas que han impulsado la pluralidad desde la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual han convertido a los medios en un “bocado apetecible” de la política. Es curioso, porque la concentración de medios –operada desde el vacío de jurídico de la democracia en la materia– hizo que las corporaciones surgidas en los 90 destruyeran toda posibilidad de pluralismo y capturaran para sí la totalidad de los negocios publicitarios de carácter público y privado hasta no hace mucho.
Si se ventila, además, la ligazón entre el crecimiento empresario y el intercambio de favores con sectores responsables de crímenes de lesa humanidad, podría herirse irremediablemente la credibilidad –el gran capital– del sector.
Estaban acostumbrados a exhibir una musculatura inflada con los anabólicos de la concentración neoliberal frente a un estado escuálido que oficiaba de sparring de poca monta en el ring de la comunicación y a un elenco político que dependía de sus favores para la campaña electoral.
El cambio de escenario los toma a contrapierna. El relato publicado ha mermado su sustento social. En parte porque las entidades emisoras perdieron el velo angelical que las cubría.
En parte porque aparecen nuevos medios y opciones. Pero sobre todo por el divorcio entre una sociedad que se percibe progresando con dificultades y una narración que la presenta en el infierno. Sobreactúan entonces la denuncia sobre la publicidad oficial –que no supera el 5% de lo que gasta el mercado en los medios– para explicar la existencia de una percepción diferente en la opinión pública.
Reducen las consideraciones sobre política comunicacional a la mera distribución de la pauta publicitaria, y al hacerlo, no solo reclaman volver a los valores históricos con que subsidiaron sus diferentes operaciones de expansión y diversificación.
También pretenden que el Estado resigne políticas activas para promover otras funciones sociales y económicas de la comunicación.
Que no exista una red de medios públicos con capacidad de debatir la agenda, que los otros medios comerciales sigan siendo rehenes de sus contratos para la provisión de contenidos y publicidad, que los actores sociales no tengan formas de expresión; que no se articule una política pública para extender los beneficios de la televisión digital gratuita –incluyendo el fútbol– y de nuevos sistemas de interconexión federal de banda ancha para acercar la sociedad de la información a quienes miran desde afuera de la vidriera.
Por supuesto, que no se promuevan mecanismos de acceso competitivo a papel para diarios para el 90% de la industria gráfica del país.
Ciertamente, además, la ley de medios, propuso también debatir los criterios de asignación de la pauta estatal, pero no detrás de los conceptos del márketing comercial, sino respecto de la inversión social que debe apuntalar la existencia de medios no comerciales, cuya función es tan o más importante que la del mercado a la hora de atender el derecho a la información las personas.
Pero no es el derecho a la información lo que preocupa a las corporaciones. El cambio empieza a tener impacto social. Y también se extiende en la región.
El nuevo ministro de Comunicaciones de Brasil, Paulo Bernardo, defendió la norma propuesta en el proyecto de ley de comunicaciones que prohíbe que un mismo grupo económico posea radio, periódico y televisión en la misma región, según el diario Folha de Sao Paulo. Son todas señales del fin de los tiempos del relato único.
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