No es cuestión, como sucediera con otros gobiernos, de decir “yo o el caos”, entendido esto como una amenaza a la democracia procesal. Esta está consolidada en nuestro país. Baste ver cómo la crisis de 2001, que arrojó 39 muertos y una devaluación de un 400%, fue saldada, desde lo institucional, en el más estricto –aunque caótico e injusto– marco legal.
No se trata de eso. Sino de consolidar un proceso, en nuestro país y en la región, de conducción política de la economía, autonomía regional de las decisiones, inclusión de sujetos que hasta hace poco permanecían ignorados, disputa de sentido de tantas palabras y conceptos, fin de la hegemonía cultural de los medios monopólicos, compuertas abiertas a la verdad, la memoria y la justicia, y recuperación de una línea popular de interpretación de nuestra historia, como valores de época que marcan el lugar donde tenemos que estar.
Se trata, en definitiva, de afianzar otro sentido del concepto de democracia. De afianzar otro sentido de la idea de “calidad institucional”. De disputar el sentido de la palabra “orden” (no le temo a la palabra en sí: la desnutrición es desorden, la escolarización por la asignación universal es orden; el retiro voluntario de los ’90 era desorden, la paritaria es orden. De no santificar la consigna del “consenso”, ni aferrarse linealmente a poner todo en conflicto, sino de poner en tensión los intereses que haya que poner, y discutir socialmente qué puntos de la agenda se deben poner en conflicto y en cuáles se debe construir consenso, una democracia enriquecida por la incorporación de nuevos protagonistas.
El Poder mediático
Esta disputa de sentido es lo que no toleran quienes han visto afectados sus intereses, aunque muchas veces de manera confusa e incompleta. En particular, uno de sus intereses: precisamente su capacidad casi exclusiva, ejercida durante décadas, para formar el sentido, para moldear a su medida el promedio social de interpretación de la realidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a quienes hicieron posible que nuestra sociedad le prestara consenso a una aventura como la ocupación militar de Malvinas, a quienes hicieron posible que los despidos masivos de los ’90 fueran tolerados como un mal necesario para la “modernización del Estado”, mientras compraban a los dirigentes políticos y sindicales para que legitimaran el ajuste; a quienes presentaron periodísticamente la rebaja de salarios de la Alianza como un acto de coraje. Y, mientras tanto, concentraban medios y capitales, giraban utilidades al exterior y forzaban leyes que protegieran sus maniobras. Esto, hoy, no está resuelto, pero sí se está discutiendo en las calles, las aulas y los talleres. Estamos en una etapa compleja, pero rica y apasionante, y no ya diseñada con exclusividad por los habitués de la “city”.
Los profetas del odio
Y, como es precisamente “eso” lo que no toleran, es que van a seguir recurriendo –como lo están haciendo– a todos los medios a su alcance para interrumpir el curso del proceso. Fracasado el “gobierno republicano paralelo” prometido desde una remozada mayoría parlamentaria vencedora en los comicios de 2009, y frustrados los golpes de mercado que intentaron desfinanciar una economía basada en algunos números contundentes, ellos decidieron intensificar la desestabilización por la vía de la agitación y el clima de enrarecimiento de la atmósfera social, no sin el costo de muertes irreparables.
Así, un pequeño grupo pago que tira piedras en Constitución gana las pantallas de todo el país durante horas y horas. Así, el bloqueo extorsivo de camiones de caudales por parte del aparato de un dirigente bancario preso deja los cajeros sin efectivo en las fiestas para enojo de la gente. Así, la profecía autocumplida de la escasez de combustibles y las tomas de predios, tienen el objetivo de enturbiar un presente signado por el crecimiento económico, el turismo interno y el consumo popular.
Sin concesiones
Pero, aunque creo firmemente que esto es así, no quiere decir que la política oficial no deje flancos para que ocurra. Por eso, 2011 también debe ser el año en que se ponga fin a ciertos pragmatismos. No puede ser que para contar con los votos de San Juan haya que tolerar los estragos de la minería a cielo abierto, o para contar con los votos de Formosa haya que ser indiferentes a la muerte de indígenas, o que para no molestar a ciertos sindicalistas haya que otorgarles espacios en la Secretaría de Ferrocarriles. Por cierto, la presidente ha tomado nota de alguna de estas demoras y ha puesto la política de seguridad en manos de una ministra ajena a todo pacto corporativo como Nilda Garré. Y así deberá tomar nota de la demora en una política de tierra y vivienda, y diseñar políticas de alto impacto en la generación de empleos industriales que intensifique el apoyo de sectores populares y la consideración de sectores medios, a la vez que solidifique la economía. La tan nombrada incorporación de jóvenes a la política, no sólo impedirá que se retroceda sobre lo logrado, sino que será vital para empujar por lo que falta.
Dilema
El otro interrogante, igualmente estratégico, que presenta 2011 es si, en términos de sistema político, estamos con la administración Kirchner en presencia de un fenómeno coyuntural, o si se trata de una etapa fundadora de una nueva fuerza política. En el primer caso, en el momento en que termine el ciclo Kirchner, quien obtenga la conducción del PJ será el encargado de dirigir al partido con más posibilidades de gobierno de la Argentina. Pero eso no garantiza por sí solo la profundización del rumbo descripto. Bien podría significar el regreso a una ortodoxia marcada por los caudillos territoriales de corte más tradicional. Si se tratara, en cambio, de un momento fundante, el campo popular expresado por la recuperación del Estado, la preponderancia del mercado interno, el sentido de inclusión, entre otros valores, será el encargado de erigirse en el sujeto político emergente, y consolidar ideológicamente la dimensión histórica del presente. Mucho tendrá que ver en este aspecto –aunque no sea determinante– la ingeniería electoral que se diseñe para las próximas elecciones. Esto es, la posibilidad de que el rumbo pueda ser apoyado desde una estructura mucho más amplia, que trascienda al aparato formal del PJ y la CGT.
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