Se trata de proyectos que proponen modificaciones a la Ley de Ejecución Penal; otro para regular el trabajo penitenciario y crear un cupo estatal para ex detenidos; para conformar cuerpos especiales de investigación -similares a los de la reclamada Policía Judicial- y otro para regular la figura del "testigo reservado".
El primero de los proyectos tiene como fin modificar la Ley de Ejecución Penal, que establece nuevas modalidades para el régimen de encarcelamiento, salidas transitorias y libertad condicional.
Entre otras cosas, la normativa regula nuevos procedimientos para comunicar a un condenado la decisión de salidas transitorias o libertad asistida -deberá ser de modo oral, con la presencia del beneficiado, la defensa y el fiscal-, modifica el régimen de visitas y regulan el sistema de castigos por malos comportamientos, al tiempo que establece un régimen educativo y laboral.
Además, incorpora modificaciones al funcionamiento del Patronato de Liberados. El segundo proyecto establece un régimen de trabajo penitenciario con fines de capacitación, que será abonado y destinado en parte para la manutención de su familia.
De manera complementaria, otro proyecto reserva el dos por ciento del cupo laboral de la administración pública para personas liberadas capacitadas bajo ese régimen, al tiempo que rebaja un 50 por ciento del impuesto a los Ingresos Brutos y da prioridad en licitaciones públicas a empresas privadas que empleen a los liberados.
Un cuarto proyecto establece la creación de Cuerpos Especiales de Investigación, similares a la denominada Policía Judicial, reclamada por la Corte.
Un último proyecto apunta a regular la figura del testigo de identidad reservada, incluyendo un artículo a la Ley 11.922. Mediante ello, "toda persona podrá requerir al Fiscal declarar bajo la estricta reserva de su identidad", sosteniendo que "la declaración recibida en la investigación penal preparatoria no podrá ser utilizada como medio de prueba".
Con el envío, el Ejecutivo apuesta a que los proyectos puedan ser convertidos en Ley antes de fin de año, aunque el demorado tratamiento del Presupuesto podría echar por tierra estas aspiraciones.
El paquete de leyes había sido anunciado por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, el 4 de noviembre pasado, tras la culminación de un nuevo encuentro del Consejo de Seguridad.
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