La solicitud presentada por la diputada Ana de Otazúa y aprobada en la última sesión procura conocer cómo el Estado aborda la regulación, supervisión y contralor de los establecimientos educativos de gestión privada, así como aspectos de una situación particular con una docente de uno de esos establecimientos, que ha devenido en conflicto legal.
Así también la legisladora apunta particularmente a si hubo “seguimiento del caso que afecta a la docente Marcela Fabiana Goyri en el marco de su relación laboral con el Instituto de Enseñanza de la ciudad de La Plata durante quince años y el cese de la misma bajo la figura de despido indirecto”.
Y pretende conocer datos sobre “los controles ejercidos sobre esa institución, así como el cumplimiento de las normas y procedimientos que regulan las relaciones laborales en esos establecimientos”.
“Surge por una parte una situación individual que se dirime en distintos estamentos, pero también queda planteada una inquietud a la que no puede hacerse caso omiso, toda vez que el Estado Provincial financia y, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, planifica, organiza y supervisa el Sistema Educativo, garantizando el acceso a la educación en todos sus Ámbitos, Niveles y Modalidades”, argumentó Ana de Otazúa.
En este sentido entendió “necesario conocer el modo y los medios a través de los cuales la DIPREGEP, ejerce los controles en lo que respecta a los aspectos que – fuera de lo pedagógico – hacen al quehacer de las instituciones cuyo funcionamiento subvenciona y, en los casos que la situación lo amerite, el seguimiento de situaciones que devienen en conflictos de carácter legal”. (DIB)
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