En consecuencia, el problema es cómo, a partir de la plataforma alcanzada, se resuelvan los problemas fundamentales pendientes, que son esencialmente cuatro e interdependientes y de necesaria resolución simultánea, a saber: 1) poner en marcha de una buena vez la formación de una economía integrada y abierta, sustentada en el pleno desarrollo de la industria, el campo y las economías regionales; 2) lograr una inserción simétrica no subordinada en la economía mundial global; 3) eliminar la pobreza y promover la equidad, y 4) consolidar un Estado eficiente capaz de desplegar las políticas públicas para los objetivos anteriores e impulsar la sinergia, entre las esferas pública y privada, para el desarrollo sustentable con equidad.
Este escenario contrasta con los pronósticos apocalípticos que prevalecieron en el pasado reciente, como la inminencia de una crisis energética, la explosión inflacionaria, el derrumbe de la actividad agropecuaria por el conflicto del campo y el nuevo default de la deuda pública. Nada de esto sucedió ni es previsible que suceda, porque estamos en presencia de un cambio de época, fundado en dos hechos principales: por una parte, que la economía está parada en sus propios recursos; por la otra, y por eso mismo, que el Estado ha recuperado la gobernabilidad de la macroeconomía. Las tendencias favorables de la actualidad pueden sostenerse en el tiempo.
Buenas ondas
Las estimaciones de los analistas y los operadores económicos coinciden acerca de las perspectivas de corto plazo de la economía argentina. Todo el arco de visiones, desde la ortodoxa hasta la desarrollista, anticipa el aumento de la demanda agregada liderada por las exportaciones y el consumo. El cambio de expectativas influye en el movimiento de capitales positivo que contrasta con la masiva salida de fondos, que superó los u$s40.000 millones, entre fines del 2007 y mediados del 2009.
El consecuente aumento de la liquidez y cambio de expectativas se refleja en el aumento de las cotizaciones de los papeles de deuda pública en el marco de una recuperación general del mercado de capitales. Entre las variables macro, se destaca una situación holgada de pagos internacionales que se reflejaría en un nuevo significativo aumento de las reservas del Banco Central, el crecimiento de los depósitos en moneda nacional y la liquidez del sistema financiero, con una moderada influencia a la baja en las tasas de interés y el aumento del crédito.
Finanzas vigiladas
Respecto de la situación fiscal, el reciente crecimiento del gasto a una tasa menor que la recaudación permite recuperar el superávit primario. El veto del Poder Ejecutivo al aumento de las jubilaciones al 82% móvil ratifica la política del Gobierno de mantener rigurosamente vigiladas las finanzas públicas, condición necesaria de la gobernabilidad. Al mismo tiempo, no existen problemas en cumplir con los servicios de la deuda apelando a la variedad de recursos internos disponible. Por lo menos hasta las elecciones presidenciales del año próximo, la política económica esperada fortalecería las tendencias de fondo de la economía.
El mayor interrogante se refiere a la política cambiaria. Está clara la intención del Gobierno de resistir la apreciación nominal del peso, pero esto puede ser insuficiente, dado el comportamiento de los precios, para mantener un tipo de cambio desarrollista que estimule el cambio técnico, la inversión y el empleo. En ese escenario, sobrevive el antiguo problema de la relación campo industria y la importancia de los tipos de cambio diferenciales, vía las retenciones, para darle competitividad a toda la producción de bienes y servicios sujetos a la competencia internacional, como ejemplo, desde la soja a los bienes de capital.
Bajo control
Desde el lado de la economía real, no son previsibles cuellos de botella en la oferta de insumos esenciales, como la energía e importaciones de bienes de producción. Respecto de los precios, dados los equilibrios macroeconómicos, la inflación no puede dispararse, pero sigue siendo más alta que lo que conviene. El Gobierno y los analistas del problema no han encontrado respuestas al carácter inercial de la inflación actual, sustentada en la hipótesis de aumentos de precios con la cual operan los actores económicos.
En ese contexto, la política de estabilidad que correctamente rechace la estrategia ortodoxa de “enfriar la economía”, sólo cuenta con dos herramientas principales “indirectas”, a saber: consolidar los equilibrios macroeconómicos y sentar, a la mesa de negociación, al Gobierno con los actores económicos, para reducir la hipótesis inflacionaria. El consecuente impacto positivo en las expectativas estimularía la inversión y permitiría acercar la tasa deseable superior al 25% del PBI, claramente sostenible con superávit en la cuenta corriente del balance de pagos y con una tasa de ahorro interno cercana al 30 por ciento.
Previsibilidad
En resumen, salvo en el tema de los precios, el comportamiento previsible de la economía argentina sigue figurando entre las mejores de América latina y del resto del mundo. Los pronósticos apocalípticos no se verificaron, pero continúa el ambiente de crispación en el debate político y un “clima” de conflictividad social que debilita el crecimiento por sus efectos negativos sobre la toma de decisiones de inversión y, consecuentemente, de aumento del empleo. Ese “clima” excede ampliamente una conflictividad laboral que es relativamente baja.
En este escenario subsiste una polémica sobre cuestiones fundamentales (la seguridad y la pobreza), más todas las cuestiones de confrontación de intereses (las retenciones, la ley de medios o el 82% móvil), como si estuviéramos al borde del abismo. Cabe recordar que, también a este respecto, estamos frente a un cambio de época porque las instituciones resisten las tensiones y todos los conflictos deben necesariamente tramitarse en el marco del orden constitucional.
La Argentina está en condiciones de vivir con lo nuestro, parada en sus propios recursos y abierta al mundo. Si enfrentamos con éxito aquellos cuatro problemas, más allá del 2010, el país puede crecer a más del 6% anual, proponiéndose erradicar la indigencia en un bienio y la pobreza en una década, alcanzar el pleno empleo de la fuerza de trabajo, bajar a expresiones mínimas el trabajo no registrado y provocar una mejora generalizada del nivel de vida y, sobre todo, de su calidad en libertad y democracia
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