La norma establece el pago de la retribución especial, equivalente a 6 meses de sueldo actuales, para aquellos agentes estatales que se hayan retirado mientras la norma estuvo suspendida por la Ley de Emergencia Económica, entre abril de 2002 y julio de 2005.
La propuesta ya había sido aprobada el año pasado, pero el Ejecutivo la vetó porque en su articulado no disponía las partidas para hacer frente a esas obligaciones.
Finalmente, este año, los presidentes de los bloques del FpV-PJ y la UCR, Osvaldo Goicoechea y Orlando Costa consensuaron una nueva normativa que corregía la anterior, que había sido presentada por el entonces senador Gustavo Vignali –hoy diputado-, a la que agregaron un expediente del titular del bloque del GEN, Luis Malagamba.
Tras la aprobación en la cámara Alta, el expediente fue girado a Diputados, en donde los legisladores operaron dos cambios: que la retribución especial sea pagada en base a los salarios actuales, y que se exima de pagar las costas del juicio a aquellas personas que, habiéndolo iniciado, desestimen la querella.
Finalmente, el expediente volvió a la cámara de origen, donde hoy se ratificaron los cambios.
Con la presencia de docentes en los palcos del recinto, uno de los autores del proyecto, Orlando Costa, sostuvo que “es una ley que produce satisfacción porque beneficia a miles de empleados bonaerenses, que van a recibir lo que se dio en llamar ‘premio jubilatorio’”. Además, el legislador reclamó que el premio pueda hacerse extensivo a aquellos empleados que no cumplan con los 35 años de labor, y otorgar, por ejemplo, un proporcional para aquellos que hayan trabajado en la administración pública entre 20 a 30 años.
Por su parte, la legisladora oficialista Marta Helguero consideró que el proyecto aprobado es “una reivindicación justa y que pone de manifiesto la salida de una situación crítica de nuestro país, porque cuando se suspendieron estas bonificaciones vivíamos en el día a día. Hoy la realidad es diferente”.
Por su parte, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Mario Oporto, ratificó que el Ejecutivo no vetará el proyecto, por lo que una vez promulgado podrá comenzar a pagarse. (DIB)
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