El borrador de la pauta de gastos e ingresos fue discutido por el Gobernador Daniel Scioli, el equipo económico –encabezado por el ministro del área, Alejandro Arlía-, los presidentes de la cámara de Diputados, Horacio González y Senadores, Federico Scarabino y los titulares de las comisiones de presupuesto de ambos cuerpos, Franco La Porta y Patricio García, ambos oficialistas, en un encuentro que mantuvieron en el despacho del jefe de Gabinete, Alberto Pérez.
El anteproyecto prevé que los gastos totales se incrementarán el año próximo un 12% sobre el total ejecutado de este ejercicio, que economía estima en 73 mil a 75 mil millones de pesos, por lo que el total para 2011 estará en el orden de los 82 mil a 83 mil millones. De ese total, el rubro que más crecerá es Seguridad y Justicia, con un incremento del 30% que lo deja en el orden de los 10.201 millones. En el incremento le sigue Salud, con un incremento del 28%, que lo lleva a 24.501 millones.
Los recursos totales previstos subirán un 13% -llegarán a 76 a 78 mil millones-, con un incremento de la recaudación impositiva propia en el 25 a 26% respecto de los 33 mil millones que, como máximo, se prevén recaudar este año, más un incremento de la coparticipación federal del 19 al 20%, por lo que, por ese rubro, se prevén de 18 a 20 mil millones. Como marca la ley de Responsabilidad Fiscal, los parámetros macro son iguales a los de Nación: inflación del 8,9% y crecimiento del 5%.
El anteproyecto que elaboró el equipo económico prevé una reducción del déficit a 5 mil millones de pesos, contra los 7 mil millones con los que se cerrará este año y una necesidad de financiamiento de 8.800 millones de pesos, contra los 10.700 vigentes. Con todo, como este proyecto tampoco prevé pauta salarial, esos números se modificarán en el transcurso del año próximo, como ocurrió este con la ampliación presupuestaria de 4.600 millones.
INMOBILIARIOS, IPS Y COMUNAS
El gobierno no modificará el esquema del impuesto a los ingresos brutos –el de mayor peso en la recaudación final-, pero sí el inmobiliario, en sus múltiples vertientes: rural y los dos urbanos, el edificado y el baldío. Según pudo saber , para el primer caso, se estudian varias alternativas: modificar valuaciones fiscales o el método de cálculo, ya que ahora el 90% de las partidas pagan el mínimo de la escala de valor. Tampoco se descarta una reformulación global del tributo, pero se asegura que la intención es aumentar la progresividad.
En el caso de los inmobiliarios urbanos, también se buscará que paguen más las propiedades de más valor, conservando las exenciones vigentes para las de menor precio fiscal. El esquema más probable, hoy, es modificar el tope del 20% al incremento calculado sobre las valuaciones de 2005, que nunca hasta ahora han impactado en todo su potencial. De esa manera, sin modificar la valuación, sí aumentará el tributo para las propiedades de mayor valor.
Para las Pymes, se proyectó ampliar un esquema de descuento vigente que, para las empresas industriales, significaba tributar 35% menos si se optaba por el pago anual. Ahora, se planea dar un descuento del 30% por pago anual, pero hacerlo extensivo a todas las pequeñas y medianas empresas.
También se prevé un retoque al impuesto a los sellos, pero aún no se definieron aquí los criterios.
Si bien el Ejecutivo no prevé modificar el porcentaje de coparticipación municipal -16,7%-, el equipo económico estimó una suba del 30% global para los municipios. Para lograrlo previó reeditar el Fondo específico votado este año en la Legislatura –será de 515 millones-, que se suman a otros dos fondos vigentes. Además, descentralizará el cobro de patentes desde los modelos de 1999, pero con una variación: las comunas podrán cobrar sobre la base de valuación fiscal actual, que establece la Provincia o usar una calculada por las mismas comunas.
Finalmente, contra lo que ha pedido la oposición, el Ejecutivo no prevé modificar el esquema de utilización del superávit del IPS –se destina a rentas generales contra la entrega de un bono previsional que paga intereses-, y por el cual este año el Estado tomará unos 1.600 millones de pesos.
NUEVA METODOLOGÍA
El Ejecutivo modificó el esquema de discusión del presupuesto: envió un “esqueleto” que servirá para que los legisladores comiencen a debatir antes del ingreso formal del proyecto. La ideas es que cuando llegue el momento de ingreso formal del articulado, haya habido un debate previo, con algunas sugerencias incorporadas.
La decisión se vincula con la necesidad de obtener consenso –se necesitan dos tercios de los votos- en una legislatura en la que el oficialismo perdió la mayoría absoluta. También se tuvo en cuenta el difícil trámite que tuvo el proyecto de ampliación presupuestaria.
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