En su momento la iniciativa fue impulsada en Mendoza por Cobos, durante su gobernación. “El proyecto de Cobos intenta volver a instalar el servicio militar obligatorio en Argentina, que terminó de manera trágica con el caso Carrasco”, dijo el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores, Miguel Pichetto.
Estigmatiza y atrasa
A las críticas del senador por Río Negro se sumó el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, quién manifestó que el proyecto del vicepresidente “estigmatiza y atrasa”, Además el titular de la cartera educativa agregó; "Se lo presenta como una iniciativa de inclusión educativa, social y laboral, pero su tratamiento comenzó en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, sin pasar por la de Educación. Un derrotero legislativo que devela su espíritu".
El ministro del Interior Florencio Randazzo fue otro de los que cuestionó la iniciativa al considerar que "las Fuerzas Armadas están para cumplir con otro rol, no para generar un sistema educativo paralelo para aquellos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad social.
Por su parte la Alicia Kirchner, titular del ministerio de Desarrollo Social de la Nación sostuvo que el proyecto "va en contra de todos los Tratados de Derechos Humanos" ratificados por la Argentina y denunció que el destino del proyecto a jóvenes "en riesgo" significa "discriminación". Un disparate
En tanto, la ministra de Defensa, Nilda Garré, calificó al Sercicio Cívico Militar como “un disparate, al tiempo que lo tildó de “totalmente descriteriado en cuanto a la solución que puede dar a jóvenes en situación de riesgo”.
Comunicado de APDH
La APDH emitió un comunicado de repudio al proyecto sancionado por el Senado nacional la semana pasada, por considerar que ese tipo de propuestas "se impulsan para avalar un sistema que ha decidido dar respuestas demagógicas a una sociedad que reclama seguridad, acalorando la histeria punitiva”.
En ese sentido, calificaron de cuestionable el modo en que se procede desde el órgano democrático que alberga a los elegidos por el pueblo, que no han convocado en ninguna instancia de la elaboración del proyecto a la Comisión de Educación de la Cámara, como así tampoco al Ministerio de Educación ni al de Defensa, contemplado por la ley, nada menos que como los órganos de aplicación”.
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