Un representantes del pueblo que se precie como tal, no puede, sin traicionar el mandato de su pueblo que lo votó, salir en defensa de la corporación mediática que conforman los socios privados en Papel Prensa (Clarín, La Nación), desconociendo la historia de los diarios del interior y las restricciones a la Libertad de Información que vienen sufriendo desde hace más de 30 años a través del manejo monopólico (por precio y cantidad) de dicha empresa productora de papel.
Ya en 1978, el diario La Voz del Interior de Córdoba, cuando este matutino todavía pertenecía a la familia Remonda, hablaba de “suspicacias” en el proceso de traspaso de Papel Prensa, alineado con una crítica de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). En una editorial publicada el 11/12/79, “Los ideales de papel”, planteaba que “esta situación de privilegio en que se ven colocados los diarios consocios del Estado (Clarín, La Nación y La Razón) es la resultante final de todo un proceso signado por hechos fuertemente generadores de suspicacias, de dudas”.
Pero la posición de la Voz de Interior, no era aislada de los demás medios del interior, ni su crítica se limitaba a la forma poco transparente de su adquisición por parte de sus actuales propietarios privados. También Adepa, en marzo del año siguiente se pronunció con una fuerte crítica al calificar el manejo monopólico de la provisión de papel, de “tamaño atentado contra la libertad de expresión”.
Estos diarios “propietarios” de la empresa productora de papel, exigían a la dictadura que encabezaban Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz, que se aumenten los gravámenes de papel importado, para obligar a consumir papel de dicha fábrica, y que “se establezcan cuotas de consumo para los diarios”. Si bien en la actualidad la importación de papel para uso editorial está exenta de gravamen, las cuotas de consumo permanecieron durante 32 años, dejando afuera del abastecimiento de este insumo, a cientos de publicaciones diarias y periódicas que existen en la Argentina.
Otro de los diarios tradicionales del interior, La Capital de Rosario, a través de su director, Carlos Ovidio Lagos, por entonces señalaba que el precio del papel “constituye una amenaza a las libertad de prensa en la medida que puede determinar el cierre de periódicos que luchan por sobrevivir”. Y Lagos sabía de que hablaba. La Capital de Rosario, como muchos otros diarios del interior, tuvieron que venderse a fines de la segunda década infame, los ´90, porque no pudieron resistir el ahogo financiero que principalmente les imponía el precio del papel.
Pedido de nulidad
Tampoco los pronunciamientos de los editores de diarios del interior, se agotaban con las dudas planteadas en el traspaso del paquete accionario de Papel Prensa, y las denuncias de su manejo monopólico del papel, a los reclamos de Adepa, se sumaron otras entidades como la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, (Adira), cuando solicitaron al entonces ministro de Economía y Jefe civil de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, la “nulidad del contrato firmado por el Estado y Papel Prensa”, transacción a la que atribuyeron “violaciones a principios jurídicos y constitucionales que importan ‘un ataque a la libertad de expresión”.
Otra de las entidades que nuclean a diarios locales de provincia, la Asociación de Diarios Entrerrianos (ADE), por septiembre de 1979, advertía sobre “las penurias que deben afrontar los editoriales de publicaciones periodísticas como consecuencia del deficiente suministro de papel’”. Los diarios entrerrianos asociados a ADE, en su mayoría son pequeñas publicaciones de casi todos los pueblos y ciudades de su interior provincial, que ya presagiaban lo que finalmente s consumó durante todos estos años: “por acción u omisión una compañía que domine totalmente en gran medida el mercado paralelo, se introduce un privilegio que vulnera todo principio de equidad”, decía el documento de ADE.
Reclamo extendido
A los cuestionamientos que arrancaron en 1978, en el tiempo se le fueron sumando los de otros editores como el de Crónica (de Buenos Aires), Héctor Ricardo García, o el de Ámbito Financiero, Julio Ramos, o los más recientes del editor del diario Perfil, la pluma más excelsa de la derecha argentina, Jorge Fontevecchia, cuando en su columna del 16/08/09, señalaba: “……Lo mismo sucedía con Papel Prensa, cuando acceder al papel nacional a un tercio menos del valor era la diferencia entre ganar o perder plata con un diario, y Clarín disciplinaba a sus colegas permitiéndoles o negándoles la posibilidad de comprar Papel Prensa”.
Al mismo tiempo, los editores periodísticos nucleados en Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra), denunciaban en las audiencias por la Ley de Servicios de Conmunicación Audiovisual (SCA), ante el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, la restricción a la Libertad de informar a los lectores y el derecho de éstos a ser informados, a raíz del manejo monopólico de la provisión de papel en cantidad y a precio competitivo.
Papel del papel
El papel es a un diario, como el espectro radioeléctrico es a los medios audiovisuales, es decir, no representa cualquier insumo, es el medio por donde se transmite la palabra escrita. Y como dijeron conceptualmente los diarios propietarios de Papel Prensa en su editorial del 22 de agosto pasado: “quieren controlar la fabricación de papel para controlar la palabra escrita”, es eso lo se trata de evitar, justamente lo que viene ocurriendo desde hace casi 33 años.
El proyecto de Ley en cuestión, tiene como fin que los representantes del pueblo, es decir, los legisladores, no el gobierno nacional, establezcan una norma que garantice la provisión de papel en cantidad suficiente y a precio competitivo.
Sólo un necio o un energúmeno, puede “argumentar” a favor del monopolio del papel, desconociendo el tremendo daño a la libertad de informar que provoca el precio del papel en los medios gráficos, al tener éstos que limitar la compra de este insumo, y el consecuente cercenamiento del derecho de los lectores a ser debidamente informados cuando reciben menos contenidos.
Esto último, lo señala con precisión la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Allí se establece con claridad que"no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos". Señoras y señores legisladores, pónganse las pilas. Señoras y señores legisladores, pónganse las pilas.
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