El anuncio, tibio aún, de los gremios docentes mayoritarios, que sobre el filo del fin de semana avisaron que retomarán su ofensiva para lograr un nuevo aumento de salarios –en marzo obtuvieron el 19,9%- antes de fin de año, coronó un movimiento que habían comenzado ATE, los médicos y los judiciales de la provincia y terminó de instalar ese reclamo como uno de los focos de conflicto con los que deberá lidiar la administración de Daniel Scioli en los próximos meses.
En parte, es un avatar esperado: los gremios –los opositores pero también los ligados a la CGT, como demuestra en la provincia la dura postura de los docentes nucleados en la moyanista Udocba-, no trabajan con la inflación del Indec, sino con estudios propios sobre la evolución de la suba de precios, que por otra parte apoyan lo que decanta del más craso sentido común: un nivel de aumentos por debajo del 20-22% en realidad es una rebaja del salario real, sobre todo en estratos donde el impacto de los alimentos y bebidas es proporcionalmente mayor.
Pero si el endurecimiento de los reclamos podía preverse –de hecho, su momento de ocurrencia fue señalado en este espacio el 17 de julo pasado-, el escenario en que esa movida hace eclosión está impactado por la dinámica de la política partidario-electoral, que lo complejiza. En principio, eso explica la diferencia de énfasis que hasta ahora han puesto en su reclamo las dos organizaciones docentes más importantes: el Suteba, comandado por Roberto Baradel y la FEB, que dirige Mirta Petrocini.
Es que si Baradel tomó la voz cantante y mostró el perfil más combativo no fue sólo por presión de las “bases”: Petrocini también siente ese reclamo, pero ha sido más cauta. Lo que ocurre es que Baradel está embarcado en el combate electoral interno de su gremio, que elegirá conducción el 23 de septiembre y donde el docente bonaerense “juega” del lado del filo kirchnerista y ceterista Hugo Yasky, que enfrenta a Pablo Micheti, representante de ATE.
No es una pelea menor: la disputa marcará el perfil de la segunda central sindical en importancia después de la CGT y tiene resonancias obvias fuera de ese espacio. Es que si triunfa Yasky, el Gobierno nacional tendrá aliados a ambos bandos de la trinchera gremial. Incluso, algunos se animan a conjeturar que debido a la buena relación entre Yasky y Hugo Moyano, un triunfo del primero terminará por acrecentar el poder del segundo, justo cuando suma –y mucho- en el ámbito político pero enfrenta cuestionamientos al interior de la CGT.
Dicho sea de paso: para que no queden dudas de que la búsqueda de consensos es una de sus últimas preocupaciones, Moyano, en la misma semana en que asumió el control del PJ bonaerense, abrió la puerta a la instalación de un hombre propio como posible compañero de fórmula de Daniel Scioli. Se trata del diputado provincial Jorge Mancini, operador parlamentario bonaerense del camionero y titular del gremio de la Ceamse, autor, para más datos, de un proyecto de ley de paritarias para los empleados municipales que pone los pelos de punta a los intendentes.
Se suma así un dirigente más a la extendida grilla de postulantes del oficialismo, en la que revistan cinco ministros nacionales, el Gobernador, el intendente Darío Días Pérez –de Lanús- y a la que posiblemente haya que agregar un hombre de los kirchneristas no peronistas, puesto para el que están tentando al intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, que aún no dio el “sí”. Se entiende, en ese marco, el desconcierto a muchos dirigentes locales, que ven desfilar candidatos por sus distritos sin saber muy bien a quien deben –o les conviene- apoyar.
PELEA PRESUPUESTARIA
La ofensiva gremial se da, además, en momentos en que el Gobierno enfrenta serias dificultades para lograr la aprobación de un proyecto de ampliación presupuestaria por 5.300 millones de pesos, 4500 millones de los cuales serán utilizados, justamente, para pagar los aumentos ya otorgados. La pelea encierra paradojas notables: en principio y contra lo que cabía esperar, el conflicto se dio no por el pedido de nuevo endeudamiento por 1.600 millones de pesos que contiene el articulado, sino por el reparto del fondo de 500 millones para municipios, que había sido diseñado para seducir a los intendentes y así facilitar el trámite de todo el paquete en la Legislatura.
El episodio demostró que el oficialismo en la Legislatura ya no puede garantizar tan fácilmente el trámite de proyectos clave para el Ejecutivo y eso –dato central- no sólo porque la oposición los trabe: también en las filas del FpV aparecieron fisuras. Son roces que friccionaron la relación de los diputados oficialistas del interior con parte del resto de su propio bloque y, también, con el Gobierno: más o menos abiertamente le reprocharon “torpeza” al ministro de Economía, Alejandro Arlía, en el manejo del caso y, en sentido inverso, se cuestionó el “liderazgo” de la conducción de la bancada para alcanzar los consensos necesarios para garantizar el éxito de las iniciativas oficiales.
Así, el final de la disputa es aún de pronóstico reservado, aunque en el oficialismo apuestan a que el proyecto finalmente se apruebe con el apoyo del panradicalismo (UCR y Confe están cerca de dar el sí). Con todo, a ese plan puede trabarlo el GEN, renuente al apoyo, lo que de paso demuestra como las fuerzas “pequeñas” crecen en influencia en medio de la dispersión post 28-J).
Si ese esquema no prospera, el Plan B del Ejecutivo parece aún más gravoso para sí mismo: retirar de la Legislatura toda la iniciativa y aprobar por decreto sólo lo referido a la ampliación presupuestaria es una forma de presionar a los intendentes, a los que de esa forma se deja sin el dinero extra contenido en el fondo, pero al mismo tiempo implica para el Gobierno la necesidad de volver a remitir el pedido para tomar nueva deuda, pero en ese hipotético caso por cuerda separada, es decir, no maquillado en una iniciativa más abarcadora. (DIB)
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