En la sesión, que se prolongó por poco más de dos horas, se dieron momentos de intensos debates respecto de lo actuado hasta ahora por el Ejecutivo en materia de seguridad, y se cuestionó que el Gobierno haya dicho que enviaba un “paquete” de seguridad cuando, para los bloques opositores, se trató de un “compendio de medidas administrativas que se anuncian con mucha propaganda pero que en los hechos no significan medidas concretas”.
De las iniciativas se destacan la inclusión como medios de prueba de llamadas al 911 y las filmaciones de cámaras de seguridad y la destrucción de armas de fuego a disposición de órganos judiciales, dos iniciativas que fueron modificadas.
Al primero de ellos le agregaron la prohibición de que las cintas sean modificadas y que puedan ser tenidas en cuenta tantas las de organismos públicos, como de entidades privadas y particulares. En cuando a la segunda, se dispuso que la policía no pueda utilizar las municiones de las armas secuestradas.
Por otro lado, la cámara Alta también aprobó unas 10 iniciativas de carácter administrativo, entre las que figuran la creación de 200 cargos administrativos -80 destinados al interior bonaerense- y la creación de diez nuevos juzgados.
Además, se prorrogó por un año el proceso de transformación de los Tribunales de Familia en Juzgados unipersonales y por seis meses la emergencia edilicia en la Corte Suprema de Justicia bonaerense.
Este último punto generó más resistencia, porque parte de la oposición se resistía a acompañarlo al alegar que era “la cuarta oportunidad” en que se pedía. Por estos cuestionamientos, se acordó reducir el tiempo de la emergencia de un año –como preveía el proyecto original- a seis meses.
El senador del GEN, Ricardo Vázquez, indicó que “esta herramienta ha dejado de ser un acontecimiento extraordinario, la problemática escapa a una situación de emergencia”. En el mismo sentido alegó su par de la CC, Javier Mor Roig, cuyo bloque votó contra la emergencia.
Del “paquete” quedaron afuera tres iniciativas: el cobro de la toma de huellas dactilares y la creación de una nueva tasa para la inspección a comercios; la incorporación de subastas judiciales por medios electrónicos que permita pago de señas, comisiones y precios mediante transferencias bancarias; y la creación de juzgados para la costa.
Las iniciativas habían sido enviadas por el Ejecutivo tras el cimbronazo producido por la violenta salidera en la que una mujer embarazada resultó baleada y su hijo, nacido por cesárea tras el ataque, murió siete días después.
Esto fue fuertemente criticado por los bloques de la oposición, que achacaron que “esta supuesta batería de leyes de seguridad tienen que ver con los problemas de seguridad, pero fue anunciado como una nueva embestida para contrarrestar un hecho desgraciado”.
“Hoy votamos una gran cantidad de proyectos que tienen que ver con una cuestión administrativa y otras dos con la justicia. Se anuncian cuestiones con una gran propaganda, que después no se dan en los hechos”, indicó el presidente del GEN, Luis Malagamba.
En tanto, el legislador de la UCR, Roberto Costa, se quejó porque “se convoca al Consejo de Seguridad como quien llama a los bomberos cuando hay un incendio”.
INAUGURACIÓN DE UNIBLOQUE CON TONO OFICIALISTA
El senador Jorge D’Onofrio, quien la semana pasada dejó el bloque de Unión PRO con fuertes críticas a Francisco de Narváez y José “Pepe” Scioli, estrenó su discurso con un llamativo discurso.
Si bien el legislador aclaró que hablaba como parte de la oposición, pidió a sus pares “dar una muestra de civilidad” y acompañar los proyectos oficiales.
“Lo que envía el Ejecutivo es importante, y el ámbito en donde debemos discutir las políticas de seguridad es en el Consejo de Seguridad, a donde tenemos que poner el hombro, abandonar la tribuna y no caer en el facilismo de querer sacar rédito político de ello”, indicó.
AGRADECIMIENTO
Por su parte, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, agradeció hoy “el compromiso demostrado por nuestros senadores con la aprobación de los proyectos que hemos enviado para fortalecer la seguridad ciudadana”.
Para el mandatario, “gracias a ello la justicia podrá emplear como prueba las grabaciones de videos y llamadas del 911, y todas las armas involucradas en ilícitos podrán ser decomisadas e incineradas”.
Scioli indicó que “seguiremos adaptando las normativas vigentes a las nuevas modalidades delictivas cada vez que sea necesario para proteger a nuestros vecinos”. (DIB)
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