Según datos del informe anual, hay más de 4000 personas en dependencias policiales -lugares que no están preparados para alojar detenidos e indican que las dependencias de Quilmes presentaban niveles de sobrepoblación del 113 por ciento a febrero de 2009, ya que alojaban 290 personas en lugares que sólo admitían 138. Las comisarías de Lomas de Zamora llegaban, en algunos casos, hasta un 300 % de sobrepoblación”.
Según el informe, a contramano de las afirmaciones que suponen que la población carcelaria entra por una puerta y sale por la otra, los porcentajes de detenidos con prisión preventiva llegan al 71 por ciento en el caso de los varones adultos y en el caso de las mujeres asciende al 76 por ciento. El mismo panorama se observa con los menores. De los 470 jóvenes privados de libertad por causas penales, el 70 por ciento está detenido bajo la figura de la prisión preventiva y sólo un 5 por ciento se encuentra en situación de juicio o ya condenados.
En el caso de las mujeres, aun cuando una modificación legislativa propició medidas morigeradoras o alternativas a la prisión, el impacto no ha sido significativo: sólo un 1,3 por ciento de la totalidad de las mujeres detenidas recibió el beneficio de la morigeración (en 2008 el porcentaje fue del 0,43 por ciento). Como contrapartida, en el último año el porcentaje de mujeres detenidas aumentó un 29 por ciento.
“Es necesario que el Poder Judicial deje de usar la prisión preventiva masivamente como pena adelantada. La sobrepoblación carcelaria es responsabilidad primaria del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Judicial: su responsabilidad no termina con el dictado de prisión preventiva o con una sentencia condenatoria sino que se prolonga con la ejecución penal”, afirma la Comisión en su informe.
Menores
En materia de políticas de niñez, el informe señala que la ampliación de los derechos de los niños consagrada por Ley de Promoción y Protección (ley 13.298) no fue acompañada por la necesaria inyección de recursos financieros. Los servicios locales y servicios regionales –ámbitos de contención para los niños en situación de vulnerabilidad- funcionan de manera deficiente.
Y restan crearse organismos tales como el Observatorio Social y el Defensor de los Derechos del Niño. Como contracara de estas deficiencias en el terreno de la promoción, se observa en la provincia de Buenos Aires un incremento importante de la detención de jóvenes en institutos cerrados y de recepción. Esto ha llevado a la sobrepoblación y alojamiento en lugares no habilitados para ello, como por ejemplo el uso de comedores abandonados donde los jóvenes debían dormir sobre mesas de cemento y sin luz eléctrica (Nuevo Dique) o un niño de 13 años y uno de 17 años que debían dormir compartiendo el mismo colchón sobre el piso (Centro de Recepción La Plata).
El accionar policial resulta el eslabón del sistema penal que provoca la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en la Provincia.
Aun cuando está expresamente prohibido el alojamiento de menores de edad en comisarías, de una encuesta realizada con adolescentes alojados en tres institutos penales se desprende que el 100 por ciento permaneció dentro de una comisaría al momento de ser detenido.
Muertes en cárceles
En materia de violencia institucional, el número de muertes en las cárceles creció. En el año 2009 murieron 116 personas en el sistema penitenciario provincial. En el año 2008 las muertes habían sido 112. Las muertes por VIH-sida y por las denominadas enfermedades oportunistas (tuberculosis, neumonía, hepatitis) constituyeron en 2009 la principal causa de muerte en unidades penitenciarias. Por otro lado, el Informe afirma que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes perviven y son prácticas sistemáticas en los lugares de detención. Cuando estos casos son denunciados, en general los jueces apelan a los tipos penales más benévolos para los victimarios y en contados casos se los tipifica como torturas, reforzando la sensación de impunidad para estas prácticas. (DIB).
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