En el paquete se destacan, el cobro de la toma de huellas dactilares, la creación de una nueva tasa para la inspección a comercios, la inclusión como medios de prueba de filmaciones de cámaras de seguridad –incluso las particulares-, la destrucción de armas de juego a disposición de órganos judiciales, el nombramiento de más de 200 funcionarios judiciales -80 para el interior-, y la creación de 10 nuevos juzgados.
La gran ausencia, tal como había trascendido r, es la de las medidas contra “motochorros”, que prohibía la circulación de dos personas en una moto dentro del radio de los bancos.
Desde el Ejecutivo indicaron que el proyecto está aún está en etapa de análisis: se estudia sobre qué área aplicar las restricciones, ya que no todos los bancos están ubicados en el radio céntrico.
Otra de las iniciativas presentadas modifica el Código de Procedimiento Civil y Comercial, con la incorporación de subastas judiciales por medios electrónicos, que permita pago de señas, comisiones y precios mediante transferencias bancarias, para evitar el traslado personal del dinero.
Las iniciativas fueron presentadas tras el cimbronazo producido por la violenta salidera en la que una mujer embarazada resultó baleada y su hijo, nacido por cesárea tras el ataque, murió siete días después.
Entre las más importantes se destacan la creación de dos nuevas tasas a servicios prestados por la Policía: el cobro de la toma de huellas dactilares y una contribución de los comercios para contar con la inspección de bomberos necesaria para la habilitación.
Con esos ingresos el Ejecutivo busca crear un fondo para financiar la compra de patrulleros, equipamiento policial y sumar nuevo personal a la prevención del delito, fuentes que trabajaron en la redacción de las iniciativas.
También aparece la modificación al Código Procesal Penal para que se incorpore como prueba “las filmaciones y grabaciones obtenidas por los sistemas de monitoreos” –incluye a los particulares- y los llamados a teléfonos de emergencia.
Por otro lado, se presentó también un proyecto que habilita la destrucción de armas de fuego secuestradas en causas con sentencia.
NUEVOS CARGOS Y FISCALÍAS
Por otro lado, el Ejecutivo destinó 11 proyectos para la creación y adecuación de funcionarios y dependencias judiciales, que incluyen nuevos nombramientos y la creación de fiscalías y ayudantías fiscales.
Una de las iniciativas ordena la creación de 20 cargos de ayudantes fiscales, 20 funcionarios letrados y 40 empleados administrativos para el interior bonaerense. Aquí se evitó dar los detalles de destino, para evitar pujas en la Legislatura, y se libró la cuestión al debate parlamentario.
En tanto, al interior también corresponderá la creación de dos nuevas dependencias: un juzgado de Garantías en Bahía Blanca y un juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en Mar del Plata. El resto –otros cinco- serán creados en partidos del Conurbano.
Además, se ordena la creación, en el Ministerio Público, de 63 cargos de agente fiscal, 45 defensores oficiales, 11 agentes fiscales y 2 defensores oficiales del Fuero Penal Juvenil.
El resto de los proyectos, que en la sesión de la semana que viene tomarán estado parlamentario pero no serán tratados, establecen una prórroga por un 12 meses de la emergencia edilicia del Poder Judicial, y readecuan los funcionamientos de otros juzgados, estableciendo nuevas competencias territoriales.
CONSEJO DE SEGURIDAD
Por otro lado, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, oficializó la convocatoria para el jueves próximo al Consejo Provincial de Seguridad compuesto por funcionarios provinciales, representantes del oficialismo y de la oposición del Poder Legislativo de ambas cámaras. (DIB)
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