Villegas señaló que “tanto la Suprema Corte como la Procuración están sobrepasadas en su labor, por lo cual nos encontramos con muchos funcionarios judiciales que no reúnen en la actualidad las condiciones necesarias para ocupar su cargo, que su conducta ha implicado la comisión de faltas e inclusive sindicados de la posible comisión de delitos”.
El legislador consideró que “hay departamentos judiciales enteros que merecen una investigación administrativa amplia en sus diferentes dependencias” y señaló que “hay ejemplos muy claros que marcan desde hechos de corrupción hasta falta de conocimiento del derecho”.
Por caso, Villegas ejemplificó que “en el departamento judicial de San Isidro un letrado cuyo nombre es parecido al de un ministro tiene tanta injerencia en el poder judicial que maneja el trámite de las causas a su antojo”.
Además, denunció la existencia de una causa “que tramita actualmente en la fiscalía 2 de Pilar y el Juzgado de garantías 2 de San Isidro, en la que se pretende endilgar la participación de un delito de estafa a una ciudadana con el único propósito de conseguir una ventaja comercial para el cliente del abogado citado”.
El legislador indicó también que el Departamento Judicial Mercedes “actúa de manera extraña”, en donde “la Fiscalía y la Cámara de Garantías consideraron como prueba en contra de un justiciable la circunstancia de abstenerse de prestar declaración, derecho consagrado en la Constitución Nacional”.
Villegas consideró que “el poder judicial está por un lado abarrotado de trabajo y por otro con muchos funcionarios que no cumplen con su deber” y denunció que “los Magistrados y Fiscales no cumplen con su horario laboral por lo que el atraso en las resoluciones y sentencias es enorme”.
El presidente del organismo legislativo encargado de evaluar la actitud de los jueces prometió que “en la próxima reunión de Comisión se pondrá el tema a consideración con la finalidad de que dicho órgano se transforme en denunciante de estos funcionarios y se realice la investigación correspondiente”.
Finalmente, consideró que la labor de la Comisión Bicameral “no debe ser entendida como un atentado a quienes trabajan en pos de la Justicia, sino que intenta asumir con responsabilidad la tarea de control Republicano en beneficio de la eficacia de los poderes del estado”. (DIB)
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