Los cuatro represores serán juzgados por los jueces Lucía Larrandart, Héctor Sagreti y Marta Milloc, quienes aún están buscando una sala adecuada para llevar adelante el proceso.
Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.
Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje “El Cazador”, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado.
Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.
Las detenciones ilegales de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en marzo de 1977 en la zona de Garín. Arriosti, hoy fallecido, sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.
Patti está siendo sometido a exámenes médicos porque sus abogados pidieron el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que el represor sufrió un “edema cerebral”. Actualmente está internado en el instituto Fleni y, aunque está en rehabilitación, está consciente y en condiciones de enfrentar su primer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Los abogados de las querellas sostienen, además, que puede continuar su tratamiento en un establecimiento del Servicio Penitenciario. (DIB)
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