Al mérito político de un gobierno –como el de Cristina y Néstor Kirchner- que tomaron las demandas sociales para convertirlas –en este caso- en una herramienta democratizadora como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), debe sumarse la convocatoria política y la capacidad de construcción transversal de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. El sentido frentista, la vocación articuladora no deben ser vistos aquí como atributos metodológicos; importan una definición política e ideológica alrededor de la disputa del poder.
La gestación de la Coalición en 2004, se inscribe en un tiempo histórico internacional –como el de la globalización- que también implicó las luchas en diferentes partes del mundo –como la Coalición por la Diversidad Mediática en los Estados Unidos- para denunciar la sinergia entre las corporaciones mediáticas y los poderes financieros y militares.
En nuestro caso, el tiempo histórico de transición entre la dictadura militar, el autoritarismo de mercado de los 90 –con su estallido en 2001- y los esfuerzos por consolidar una democracia con inclusión a partir de 2003. De allí surgen las agendas políticas, económicas y culturales –expresión de ese bloque de poder hegemónico- que se pusieron en debate con la propuesta de la LSCA.
En el mundo
Los reacomodamientos en la industria audiovisual pusieron en jaque los marcos regulatorios del mundo. Pero a pesar de la escala planetaria que impuso la globalización, buena parte de las barreras que han protegido el pluralismo y la diversidad en Estados Unidos y Europa lograron sobrevivir, poniendo en discusión el rol de los medios locales, manteniendo límites a la propiedad cruzada de periódicos, canales de TV y emisoras radiales, y garantizando un piso de alternativas a la información y a servicios audiovisuales. Ello no se consiguió sin movilización social.
Las reformas desreguladoras impulsadas a principios del nuevo siglo por los republicanos en Estados Unidos encontraron una sólida resistencia en la sociedad civil norteamericana, impidiendo que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) abriese las puertas a la formación de monopolios locales y nacionales. La movida de la Coalición por la Diversidad en los Medios (MDC) coincidió en el tiempo y en los objetivos con la lucha iniciada en la Argentina por la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
En el norte se trataba de frenar la movida concentradora del gobierno de Bush, en tanto que en la Argentina la movilización apuntó a conquistar una ley democrática que –entre otras cosas- desmontara las reformas desreguladoras que ya había consumado el menemismo en los 90.
En Argentina
Hacia fines de los 80 nuestro país profundizó el camino de la desregulación a favor del mercado (reforma del Estado y liberación de la regla que impedía la simultaneidad de diario y medios electrónicos) y durante los 90 sentó las bases para un nuevo mapa multimedia (Decretos de Necesidad y Urgencia de 1999 que suben de 4 a 24 el tope de licencias y autorizan la compraventa descontrolada de radios, canales de televisión abierta y sistemas por abono).
Las inversiones en medios y especialmente en sistemas de cable superó entre 1997 y mediados de 1998 los 5.500 millones de dólares, por encima de las inversiones en servicios financieros (2.400 millones) y petróleo (1.800 millones). Esa década reconfiguró las relaciones de poder entre el estado y el mercado, emergiendo el sector audiovisual como nuevo factor de hegemonía.
La Coalición
El 27 de agosto de 2004, la Coalición por una Radiodifusión Democrática realizó su presentación en sociedad en la Argentina, dando a conocer los “21 puntos”, número no casual, ya que también se cumplían 21 años de democracia.
La Coalición fue definida como “un espacio horizontal, sin un liderazgo, en donde hay diferencias entre sus integrantes”, pero con un amplio marco de coincidencias sostenidas desde la recuperación de la democracia por sindicatos, cooperativas, radios universitarias, comunitarias, movimientos sociales, universidades y estudiantes de comunicación y periodismo y organizaciones no gubernamentales. Plantearon la necesidad del pluralismo informativo y cultural, el desarrollo de medios públicos al servicio de los ciudadanos y coincidieron en que la comunicación es un derecho humano fundamental
La Coalición recién adquirió visibilidad con la convocatoria presidencial en abril del 2008 para el debate en torno a un nuevo proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Este finalmente recogió los principios establecidos en los 21 puntos en el texto que se sometió a consulta pública a partir de marzo de 2009.
El Debate
Unas 300 organizaciones se fueron sumando a las actividades de la Coalición para impulsar un cambio democrático en la Argentina.
Estos sectores protagonizaron junto a Universidades Nacionales, organizaciones y empresarios locales, 24 Foros de Consulta Pública en los que participaron entre marzo y junio de 2009 unas diez mil personas y se recibieron unos 1.200 aportes al proyecto.
La propuesta fue considerada como “ejemplo de promoción de la libertad de expresión” por parte del Relator Especial de la ONU sobre la Protección y Promoción del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue. El anteproyecto de ley considera los servicios de comunicación audiovisual como una actividad de interés público, al servicio de la libertad de expresión y los derechos a la información mediante el pluralismo y la diversidad de voces. Propone la existencia de prestadores de carácter privado comercial, social sin fines de lucro, y del sector público. La arquitectura del organismo regulador (integrado en forma plural y con un Consejo Federal), su contrapeso con una Comisión Bicameral parlamentaria, la creación de una Defensoría del Público y la propuesta de un Consejo audiovisual para la niñez y la adolescencia supone también la más avanzada propuesta de la democracia para conducir el complejo mundo del audiovisual en plena era de la telepolítica y la predominancia de la imagen.
Lo que se discute –y lo que la sociedad civil reclama con su movilización- es que ese dispositivo se ponga al servicio de las posibilidades de acceso, control y participación por parte de los diferentes actores que integran la sociedad democrática en un Estado Federal. Para ello es imprescindible replantear el actual modelo, que ha sido formateado por el autoritarismo neoliberal.
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