Los acusados son Wagner Gustavo Mitchell, juez de la Sala Dos de la Cámara de Casación, y José Martínez Sobrino, vicepresidente del Tribunal Oral Federal número seis, además del ex juez José Domingo Allevato, quienes habrían participado en el trámite de la adopción supuestamente ilegal.
Fuentes oficiales confiaron que Righi "remitió la denuncia a la Cámara Federal, allí se sorteó y recayó en el juzgado federal número cuatro de Ariel Lijo, con intervención del fiscal federal Eduardo Taiano".
La denuncia fue realizada por María Isabel Chorobik viuda de Mariani -fundadora de Abuelas- y la titular de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho.
La presentación, suscripta por el abogado Alejo Ramos Padilla, sostuvo que los tres acusados avalaron la entrega en adopción definitiva del niño Simón Riquelo, quien fue arrancado de los brazos de su madre, la ciudadana uruguaya Sara Méndez, cuando fue secuestrada el 13 de julio de 1976.
Según el expediente de la adopción, el niño habría sido abandonado a las puertas del Sanatorio Norte; un subcomisario de la seccional 33, Osvaldo Parodi, se ofreció para cuidarlo y un mes después obtuvo la adopción plena.
Según la denuncia, Parodi participó en el operativo en el que fue secuestrada Sara Méndez, como parte de un grupo de unas 15 personas que se identificaron como "miembros del ejército de Argentina y Uruguay".
Sara Méndez estuvo desaparecida en el centro clandestino de detención denominado "Automotores Orletti", pero sobrevivió y 26 años después, gracias a un exámen de histocompatibilidad, pudo reencontrarse con su hijo.
La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y Abuelas promovieron ante Righi una causa penal contra ambos jueces, pidieron su apartamiento de todos los expedientes vinculados con violaciones a los derechos humanos y su sometimiento al proceso de juicio político ante el Consejo de la Magistratura.
"Este expediente es la demostración de la complicidad judicial -que aún existe- con el sistema perverso establecido para consolidar la apropiación de niños mediante el robo de su historia, su origen e identidad, y la entrega a los apropiadores a través de un marco de supuesta legalidad judicial… (los acusados) deberían haber sido juzgado por las acciones que los tuvieron como partícipe y que forman parte del objeto procesal de esa causa", resumieron. (DIB)
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