(Dypra/GEI) - A través de una resolución emitida por la Secretaria de Comercio Interior, el Estado investigará por primera vez la forma en que Clarín y La Nación llegaron a declarar propias acciones de Papel Prensa, traspaso ocurrido durante la dictadura militar, mientras los integrantes de la familia Graiver, accionistas mayoritarios de la empresa, estaban detenidos-desaparecidos.
Cabe recordar que a principios de marzo de este año, la Justicia resolvió nombrar a al doctor Carlos Bianchi, coadministrador en la empresa Papel Prensa y suspender todo lo actuado en las reuniones de directorio, luego de la denuncia por irregularidades en el funcionamiento del directorio que hiciera el Gobierno Nacional, y la Comisión Nacional de Valores.
La resolución, firmada por el juez Eduardo Malde, determinaba además suspender las resoluciones de directorio de Papel Prensa SACIF, del 4 de noviembre de 2009 y las posteriores; "la celebración de la Asamblea General Ordinaria fijada para el 9 de marzo de 2010; "la incorporación inmediata en el cargo como integrante del Consejo de Vigilancia por el Estado Nacional de Alberto Ricardo González Arzac, y el apartamiento preventivo del Asesor Legal del Directorio, Enrique Pigretti".
En declaraciones al periódico dominical Miradas al Sur, el ingeniero Pablo Cerioli, uno de los tres directores que representan al Estado Nacional en la empresa relató al respecto: "Uno ve cómo funciona esta gente, con un grado de impunidad que uno creía que no existía. La soberbia y la impunidad con que operan, que la hemos visto en estos cuatro meses desde que asumimos la nueva gestión”.
Cerioli se refería a que los accionistas privados de Papel Prensa (Clarín y La Nación) “desobedecieron a la Comisión Nacional de Valores y actuaron con una prepotencia muy grande, que no deja de asombrar. Están acostumbrados a operar como un poder por encima de los poderes constituidos. Para ellos no existen marcos regulatorios legales, se manejan como si estuvieran exentos de respetar las normas como el resto de los mortales", dijo el representante del Estado argentino.
Justamente, esa actitud empresaria de los accionistas mayoritarios de Papel Prensa, sustentan los considerandos de la Resolución 126, en los que hay denuncias con nombre y apellido, hechos contundentes que están documentados.
Una de las denuncias más graves, la realizó Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia, la viuda de David Graiver, supuestamente muerto en un accidente de aviación, que acusó públicamente a Clarín de haber comprado Papel Prensa con la familia Graiver secuestrada.
Otro hecho grave que surge de la documentación que hoy está en poder de la Justicia, es que el 29 de agosto de 1980, casi cuatro años después de la fecha en la que Clarín dice haber "comprado" Papel Prensa, el Gerente General de la empresa informó por nota a la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (Conarepa) que "no existen constancias en los Libros de esta Sociedad (Papel Prensa) que certifiquen una transferencia de las acciones correspondientes a David Graiver. Tampoco de alguna venta efectuada en su nombre por Lidia Papaleo, ni en representación de sus hija menor María Sol Graiver, Eva Gitnacht de Graiver o Juan Graiver".
Otro de los motivos que dispararon la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue que los representantes del Estado Nacional, tres Directores y un Consejero que integran el Consejo de Vigilancia, se encontraron con una cerrada oposición al ejercicio de sus cargos por parte de los representantes de Clarín y La Nación.
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