La historia es simple pero puede ser la punta de un iceberg.
Una mujer concurrió citada a la oficina del ANSES debido para llenar la planilla por el cobro de la asistencia para la niñez que recientemente otorgó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La mujer quedó sorprendida cuando la empleada del ANSES le dijo que estaba en la lista de cobro de Planes de Jefe de Hogar.
La presunta víctima de la maniobra ilícita señaló que hacia cinco años que no cobraba ningún plan social. Sin embargo en la planilla del ANSES habría figurado que habría cobrado el último mes. La pregunta del millón es quien cobro los planes sociales todos los años.
Estamos hablando de una estafa con el erario público que puede ser millonaria. ¿Cuan profunda es la maniobra? Hubo casos graves
En el 2004 en Colón se habrían dado de baja 50 Planes Trabajar. En algunos casos se habría demostrado que la mujer que tenía la ayuda convivía con su pareja que tenía trabajo.
En otros casos, en una misma familia habría varios planes sociales y se habría detectado que personas con una propiedad ( hectáreas de campo) tenía un plan Jefes y Jefas de Hogar.
En esa ocasión el Fiscal Federal Guillermo Marijuán, denunció que en 77 de los 134 municipios bonaerenses hay empleados municipales en actividad que cobraron programas asistenciales nacionales destinados a desocupados.
Poco después se supo que las irregularidades se habían extendido y estaría bajo sospechas habría 125 comunas donde se registrarían estos casos de mala asignación de los planes de ayuda para los desempleados.
En Colón
En el Municipio de Colón le correspondió en un momento 1200 planes de los denominados trabajar. Era en plena crisis del 2001. Pero hubo un desorden que correspondió al periodo anterior al actual gobierno de Ricardo Casi
Como se recordará la Municipalidad fue allanada y los agentes del Ministerio del Interior fueron atendidos en el despacho del Asesor Legal Comunal que procedió a cumplimentar la demanda del Juez Ruzo y además firmar las respectivas actas. Los empleados pertenecerían a la planta permanente. La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI SES) a cargo del fiscal Guillermo Marijuán, que habría librado al magistrado Villafuerte Ruzo un oficio con el pedido de secuestro de los legajos en la Municipalidad de Colón.
La investigación en los 134 municipios comenzó en setiembre de 2003. En ese momento se procedió al cruce de información con organismo del Estado sobre 4000 empleados públicos que en distintos municipios cobraban sueldo y además el subsidio.
El delito de haber un solo caso de cobro indebido es de estafa contra la Administración Pública. La "estafa" está descripta en el artículo 172 del Código Penal y prevee penas que van desde un mes a seis años, de acuerdo a su gravedad. Cuando esa "estafa" se perpetra contra la Administración Pública, la sanción se agrava, tal como lo dispone el artículo 174 inciso 5º, que considera el agravamiento de la pena estipulándola en dos años como mínimo y no excarcelable.
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