La información dice que los jueces Martín Irurzun y Horacio Cattani –integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal– declararon nula una resolución del juez federal Sergio Torres que impedía que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) accediera al expediente donde se investiga una presunta estafa cometida por un ciudadano argentino que hasta hace poco trabajaba para una compañía financiera internacional.
Sin embargo, no se trata de un caso más, porque cuando los sabuesos de la Afip acerquen finalmente sus narices a una lista de “inversores” que el acusado le entregó al juez puede desatarse una reacción en cadena que podría derivar en el procesamiento de muy conocidos particulares y empresas por los delitos de elusión, evasión impositiva y lavado de dinero.
El arrepentido
El trabajo de Arbizu en J. P. Morgan tenía un objetivo claro: conseguir cuentas que superaran los 25 millones de dólares. Para eso, el hombre no dudaba en ofrecer a sus potenciales clientes –más precisamente a aquellos que querían invertir dinero no declarado en sus países de residencia– ayuda para crear estructuras que les permitieran ocultar la verdadera titularidad de los fondos.
Según Arbizu, para que sus clientes evadieran impuestos en el país, J. P. Morgan aprovechaba un viejo convenio –convertido luego en la Ley 22.589– firmado por la última dictadura (argentina) con Austria que evitaba la doble imposición sobre el capital y la renta. Los “inversores” compraban bonos de la deuda austríaca y evitaban pagar impuestos en la Argentina, ya que el convenio le cedía el derecho de recaudarlos a Austria, que no lo ejerce. Así evitaban pagar el 1,25% sobre el total de Bienes Personales y el 35% del impuesto a las Ganancias. Como la rentabilidad de los bonos austríacos es muy baja, la operación se realizaba de la siguiente manera: a fin de año, los clientes pasaban las inversiones de todo un ejercicio a bonos austríacos y los declaraban ante la Afip, pero al principio del año siguiente se desprendían de esos papeles y compraban otros de mayor rentabilidad.
Autoincriminación
Todo esto (Arbizu) se lo contó al juez Torres, a quien también le suministró un listado con los nombres de las empresas y los particulares implicados, sus números de cuenta y los montos de las operaciones. Su declaración no tuvo nada de desinteresada. Arbizu necesita convencer al juez de que es culpable de un delito cometido en la Argentina para evitar su extradición a los Estados Unidos, donde está acusado de haber realizado más de diez transferencias ilegales entre 2006 y 2008, así como de malversación de fondos por casi tres millones de dólares en el manejo de las cuentas de un cliente del J. P. Morgan. En el país del norte, estos delitos lo podrían llevar a pasar gran parte del resto de su vida en prisión. Con la Justicia argentina, cree, le puede ir un poco mejor.
La lupa en Clarín
El monto total de divisas giradas al exterior por personas físicas y jurídicas ligadas al Grupo Clarín investigado por el juez Torres –y sobre el cual ahora pondrá la lupa la Afip– es de casi 298 millones de dólares, separados en dos cuentas. Una de ellas (la 33438808.00) está integrada por dos personas jurídicas ligadas al Grupo –Artes Gráficas Rioplatenses y Multicanal– y su monto asciende a alrededor de 1.855.000 dólares. La restante (la 32407608.00, dividida entre otras 35 personas físicas y/o jurídicas) es por un total de más de 296 millones de dólares, entre los que resaltan 154.482.039,49 dólares (más de la mitad del monto total) a nombre de Ernestina Laura Herrera de Noble. El CEO del Grupo, Héctor Magnetto, tiene bajo el mismo número de cuenta casi 1.300.000 dólares. También hay “inversiones” a nombre de otros directivos del Grupo. Además, figuran empresas conocidas como Prima S.A., Televisión Satelital Codificada, Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. o Radio Mitre, y otras poco conocidas o sospechosamente desconocidas, como Silkwood Investments Ltd., o Mather Holdings Ltd..
Lo que vendrá
Sospechando que muchos de los incluidos en la lista del ex vicepresidente de J. P. Morgan habrían realizado estas y otras maniobras contra el fisco, la Afip le solicitó meses atrás al juez Torres que le permitiera acceder a la documentación. Ante la negativa del magistrado, la Aflip apeló y la Cámara en lo Criminal y Correccional, rechazó el fallo del juez de primera instancia por carecer “de fundamentación suficiente” y le ordenó a Torres que permitiera a la Afip acceder al expediente judicial. De esta forma, se abre la posibilidad de que la agencia dirigida por Ricardo Echegaray se sume como querellante en la causa, para chequear el origen de los fondos y la declaración en el país de las cuentas mencionadas por Arbizu.
Así las cosas, en los próximos días los expertos de la Afip podrán finalmente investigar la lista de Hernán Arbizu y podrán saber quiénes –entre todos los que figuran en ella– han estado gambeteando al Estado para no pagar impuestos o fugar divisas. La hora de la verdad ya está en tiempo de descuento.
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