La medida fue dispuesta por el titular del juzgado Civil y Comercial Nº 2 de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, ante un pedido formulado en 2008 por la Asociación por los Derechos Civiles.
El magistrado sostuvo que la Dirección de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial debe entregarle a la Asociación toda la información requerida sobre las condiciones de accesibilidad para niños/as con discapacidades motrices, de las 15 mil escuelas de la provincia, algo que había negado hasta el momento.
Silva Pelossi obligó a la Dirección de Infraestructura Escolar a producir la información requerida por la entidad. Como consecuencia de esto, la Dirección de Infraestructura confeccionó un cuestionario que fue remitido a 7915 escuelas (esto es, todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires que contaban con servicio de e-mail, alrededor del 50 por ciento del total).
El cuestionario fue respondido sólo por 1074 escuelas. De las respuestas se pudo observar que más del 70 por ciento de las escuelas que respondieron no cuentan con instalaciones adaptadas para el acceso de personas con discapacidades motoras ni cuenta con servicios sanitarios adecuados para personas con discapacidades.
A efectos de contar con la totalidad de la información solicitada la Asociación requirió al juez extender el plazo y ordenar a la Dirección de Infraestructura Escolar que complete el cuestionario con las escuelas que omitieron proveer la información. El juez consideró válido el pedido y así fue que ordenó que en el plazo de 90 días hábiles se entregue la información acerca de las condiciones de accesibilidad de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Según la legislación vigente, para que una escuela sea considerada accesible a las personas con discapacidades motrices debe contar con "pasillos anchos y ambientes amplios, transitables para sillas de ruedas, bastones o muletas, rampas, ascensores, baños con determinadas características y dimensiones y puertas anchas".DIB)
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