El Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó oficialmente la renuncia. Y adelantó que la auditora general de Asuntos Internos del Ministerio, María Alejandra Provitola, será su reemplazante.
Cuando el ex fiscal federal Stornelli asumió como ministro de Seguridad, a fines de 2007, conformó su equipo más cercano con otros tres fiscales de su confianza: Martín López Perrando, Carlos Cearras y el propio Starc.
El primero en irse fue López Perrando, apenas unos días después de su asunción. Había sido designado subsecretario de Seguridad bonaerense y dimitió por "cuestiones operativas", algunas vinculadas con el funcionamiento de la fuerza policial.
En diciembre del año pasado, fue Cearras quien renunció a su cargo en la Subsecretaría de Certificación Profesional. Los motivos de su renuncia no quedaron claros, pero se produjo en el marco de los reclamos por mayor seguridad en distintos puntos del conurbano bonaerense.
Fuentes allegadas a Starc que el ahora ex funcionario volverá a la Fiscalía Federal de Tres de Febrero, en donde estaba de licencia. El último caso resonante que investigó allí antes de pasar al Ministerio fue el secuestro de Hernán Ianone, ocurrido en 2006. Antes fue fiscal federal en Comodoro Py y tuvo la causa de sobresueldos en la que fue imputado el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Los cortocircuitos entre Stornelli y Starc comenzaron el 8 de diciembre, cuando la familia Pomar apareció muerta a la vera de una ruta, camino a Pergamino, luego de dos meses de búsqueda. Starc se había puesto al frente del caso y luego, cuando se conoció la noticia del hallazgo, admitió que hubo fallas en la investigación. Como consecuencia del caso fueron relevados de sus cargos varios jefes policiales de altísimo rango.
Poco después, Stornelli denunció penalmente un complot para desestabilizarlo. Según él, se trataba de una organización integrada por policías y ex policías que operaba en el conurbano con el objetivo de provocar "terror" en la sociedad. Les atribuyó los homicidios de tres mujeres en Wilde, Derqui y Lanús, ocurridos a fines del año pasado.
Para ello, dijo, habrían contratado a "menores y mayores". Extraoficialmente, trascendió que Starc se opuso a esa denuncia.
El tercer cortocircuito que hubo entre ambos ocurrió hace poco, cuando la esposa de Satrc, Eugenia Talerico, firmó una solicitada contra el jefe de Gabinete Aníbal Fernández por las supuestas presiones a la jueza María José Sarmiento en el caso Redrado. La firma de Talerico fue junto a la de otros abogados enrolados en la agrupación "Será Justicia", de clara tendencia antikirchnerista.(DIB)
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