El fallo especifica que "la seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también los propios de los penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema".
Es por eso que la Corte falló a favor de la madre del preso Nicolás Ignacio Sansalone, de 20 años de edad, quien había reclamado un resarcimiento de 516.000 pesos.
El joven, quien según el fallo estaba próximo a recuperar su libertad, sufrió gravísimas heridas durante una reyerta entre reclusos el 27 de abril de 2003.
Luego permaneció internado y sometido a múltiples operaciones y prácticas médicas durante meses, hasta que finalmente el 7 de octubre murió.
Las heridas, producidas por "facas" (cuchillo construido por los presos), le atravesaron el páncreas y el intestino y le causaron gravísimas complicaciones que derivaron en el deceso, según se desprende de las 32 páginas del fallo.
En ese contexto, la Corte determinó que la responsabilidad de la provincia "es doble: por hacer posible que ocurra una pelea a puñaladas y por no haber prestado la atención médica adecuada, en hospitales dependientes de aquél".
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