La captura de Somoza fue concretada por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en su domicilio del partido bonaerense de Ituzaingó.
Somoza revistó en el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, que diagramó el plan de represión ilegal y concentró la información respectiva, y está acusado del secuestro en 1980 de la militante de la organización "Montoneros" Silvia Tolchinsky.
El juez federal Ariel Lijo ordenó la detención de Somoza, quien habría actuado con el nombre falso de "César Ernesto Segal", en la causa penal en que el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides y otros militares fueron condenados por delitos de lesa humanidad.
En 2007 Lijo llevó a cabo el primer juicio contra ex jefes del Ejército por torturas, secuestros y desapariciones durante la dictadura militar, luego de que en 2003 fueran anuladas las leyes de amnistía Punto Final y Obediencia Debida.
Además de Nicolaides, estuvieron en el banquillo los ex jefes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, los coroneles Jorge Arias Luis Duval y Pascual Oscar Guerrieri.
Y los oficiales Antonio Herminio Simón, Julio César Bellene, Juan Carlos Gualco, Carlos Gustavo Fontana, Santiago Manuel Hoya, Waldo Carmen Roldán y el ex policía Julio Héctor Simón.
Además de Tolchinsky -única sobreviviente-, las víctimas fueron Julio César Genoud, Lía Mariana Guangiroli, Angel Carbajal, Verónica María Cabiglia y Ricardo Marcos Zucker, hijo del actor Marcos Zucker.
Ellos estaban en el exilio y en 1979 y 1980 regresaron al país para realizar acciones armadas y tareas de propaganda, en la autodenominada "contraofensiva" de "Montoneros", alentados por los jefes Mario Eduardo Firmenich y Fernando Vaca Narvaja, que permanecieron en Europa.
El Batallón 601 llamó "Operación Murciélago" a la campaña de detección de esos militantes, sus secuestros y desapariciones, bajo la dirección del entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason, que falleció cuando estaba procesado con prisión preventiva.
Las familias Genoud y Zucker fueron las únicas querellantes en esta causa, patrocinadas por la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). (DIB)
| 
