Por su parte, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, destacó hoy la "firmeza" con que está actuando su administración respecto de los casos de corrupción policial.
"Por eso estamos con la firmeza que corresponde también, de cara a aquellos individuos de la Fuerza (la Bonaerense) que no cumplen la expectativa de la sociedad, o están fuera de la ley", enfatizó el mandatario.
Tras declarar, Catalano declinó dar a conocer los pormenores de su testimonial, porque, según dijo, “está bajo secreto del fiscal”. No obstante, señaló: “He dado a conocer todos los datos requeridos”, aun cuando, recordó, “hace muy poco asumí estas nuevas funciones”.
Sucede que Catalano, reemplazó en la División contra la Propiedad Automotor desde mediados de noviembre al comisario Marcelo Andrade, quien fue trasladado como jefe a la DDI de Mercedes, de donde fue separado hace unos días tras la denuncia de Stornelli.
En el marco de la causa, Romero citó para el lunes al jefe de la Policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, y a otros dos altos funcionarios de la fuerza: el Superintendente de Investigaciones en Función Judicial, Hugo Matzkin, y su par de Coordinación Operativa, Salvador Baratta.
Stornelli sostiene que los crímenes de mujeres cometidos en el Conurbano, durante las últimas semanas están relacionados a un plan de desestabilización del gobierno de Daniel Scioli, luego de que el Ministerio de Seguridad decidiera introducir modificaciones en la Dirección de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor, por irregularidades. Según el ministro, esta decisión resintió intereses espurios que dispararon su malestar, reclutando jóvenes para la comisión de delitos gravísimos.
En su escrito, el ministro señaló la “nefasta cronología de los hechos” a partir de la “decisión política de auditar e intervenir” el área dedicada al robo automotor.
Desde ese momento, la modalidad adoptada para los intentos de robo seguidos de muerte, habría sido con "el reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia a cambio de plata".
El 17 de noviembre fue asesinada la arquitecta Renata Toscazo, de 43 años, en Wilde; mientras que el día 25 mataron a la docente Sandra Almirón, de 37 años, en Derqui; y el 6 de diciembre a la bioquímica Ana María Castro, de 54 años, en Lanús.
Para Stornelli estos delitos no fueron “al voleo” y afirmó que fue una elección determinada "por su perfil familiar y social, para generar conmoción y provocar la movilización de la ciudadanía". (DIB)
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