Este año, el gobierno provincial prometió en dos ocasiones un aumento en los fondos para los 60 municipios que poseen policía comunal: en febrero, el gobernador Daniel Scioli se había comprometido ante intendentes radicales a duplicar los fondos; mientras que en marzo, a través del entonces subsecretario de Asuntos Municipales, Juan De Jesús, había anunciado que para abril "se acordó un 100 por ciento de aumento" para la fuerza comunal.
Sin embargo, los intendentes consultados indicaron que hasta ahora "no recibimos ninguna actualización de los fondos", y detallaron que están recibiendo los mismos valores que en 2005. Alexis Guerrera, intendente de General Pinto, señaló que su municipio mantiene a la policía comunal "con un gran esfuerzo, poniendo el doble o más de lo que la provincia nos gira mensualmente", unos 45 mil pesos.
Ante los reiterados reclamos de los intendentes, el gobernador Scioli había deslizado en septiembre, en una reunión con intendentes en Junín, que estudiaba eliminar el sistema de policía comunal, disconforme con los resultados obtenidos. Esto desató una ola de reproches por parte de los jefes comunales, quienes convocados en General Viamonte pidieron la continuidad del sistema.
Tras esa reunión, el gobernador decidió mantener el esquema de la policía comunal y anticipó una suba del 50 por ciento para la "caja chica" de los municipios. Sin embargo, testigos de la reunión que el miércoles mantuvieron Scioli y su ministro de Gobierno, Eduardo Camaño, con algunos jefes comunales en General Villegas, desalentaron la posibilidad, al señalar que "se comprometieron a 'hacer todo lo posible' para enviar fondos con aumentos antes de fin de año, por lo que no hay nada asegurado".
NUEVO ESQUEMA
A pesar de los reiterados anuncios de modificaciones y de los cambios que sufrió la fuerza desde la asunción de Carlos Stornelli al frente del ministerio de Seguridad Bonaerense, la estructura administrativa de la Policía Comunal se mantiene sin cambios.
Los intendentes consultados refirieron que los fondos que reciben "están congelados desde 2005", y describieron las "dificultades" con las que se encuentran para poder mantener el funcionamiento de la policía. El jefe comunal de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, referenció de esta manera la situación: "nosotros administramos como podemos la miseria que tenemos".
En tanto, su par de General Viamonte, el oficialista Juan Carlos Bartoletti, fue más lejos y se quejó porque "la coparticipación no llega como tiene que llegar, la plata de la policía no aumenta y hay obras provinciales paralizadas".
Por su parte, Alberto Gelené, describió que, entre "gastos administrativos, reparación y mantenimiento de móviles y la compra de combustible no alcanzan" los 25 mil pesos que recibe mensualmente, y que por lo general se debe destinar un 100 por ciento más de las arcas municipales.
Sin embargo, una resolución ministerial del 30 de abril, publicada en agosto en el Boletín Oficial, establecía un nuevo esquema para la distribución de partidas, en el que se tendría en cuenta para calcular los fondos la población, la superficie, los efectivos asignados y los móviles policiales de cada municipio.
Este esquema, según lo anunciado oportunamente, iba a comenzar a regir a partir de septiembre, aunque desde el ministerio de Seguridad, no supieron señalar las razones de la demora
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