En esa nota se denuncia además la vinculación del presidente de la entidad, Juan Sinigaglia; del jefe de Cuerpo, Ramiro Puig, y del resto de la Jefatura con el intendente Héctor Gutiérrez, relación que -al entender de los denunciantes- les habría dado impunidad y que explicaría por qué esta situación no fue oportunamente llevada a la Justicia, amén de los sumarios administrativos iniciados a quienes firman la nota reveladora del supuesto acto ilícito, "para acallarlos y tapar la realidad", según sus dichos.
A partir de ello, luego de realizar un allanamiento de urgencia en la sede de la Sociedad de Bomberos en busca de documentación útil para la investigación, se dispuso recibirles declaración testimonial a quienes aparecen suscribiendo la nota mencionada, con el propósito de que aportaran datos más precisos sobre el modo, tiempo y lugar en que se habría cometido el hecho, como así también las características físicas de la presunta víctima.
Durante la exposición los cuatro efectivos reconocieron haber firmado la nota pero no aportaron mayores detalles sobre el presunto delito y además pusieron al descubierto un serio enfrentamiento de larga data entre la Jefatura y la comisión directiva con integrantes del Cuerpo Activo, que según algunos de los que declararon fue el motor que impulsó la redacción de la nota, la que algunos de ellos firmaron bajo la infructuosa condición de que se modificara su contenido.
Por otra parte, consta en el expediente que hubo imputaciones encontradas entre estas cuatro personas ya que señalan mutuamente haber sido testigos de los hechos, o haber escuchado del propio responsable su confesión, mientras que otros ponen en duda que el delito haya existido.
Con respecto a la presunta víctima, la Justicia logró localizarla inmediatamente en la ciudad de Rosario, resultando ser una persona mayor de edad y negó con fundamentos sólidos haber sido objeto de los vejámenes denunciados.
Sin embargo, y a pesar de la falta de pruebas, la investigación continuó y de acuerdo al legajo fiscal, se citó a otras dos personas más, una de ellas menor de edad, que concurrió asistido por su progenitora, y en ambas declaraciones negaron enfáticamente haber tenido algún tipo de vinculación con el hecho.
Por otra parte, en virtud de haberse indicado a uno de los bomberos como presunto autor del hecho, se solicitó al juez de Garantías una orden de allanamiento para irrumpir en la vivienda, diligencia en la que se secuestró, entre otras cosas, la computadora personal. Sin embargo la pericia realizada en la sede del Gabinete Pericial Informático de la Policía Judicial de La Plata sobre la PC, determinó que no guardaba datos conducentes para el esclarecimiento del hecho.
Asimismo, el imputado fue citado a prestar declaración, oportunidad en la que negó su participación y dio su particular visión de por qué fue acusado por sus colegas. Por último, se oyó también el testimonio de otros integrantes del Cuerpo Activo, que tampoco aportaron datos, manifestando que lo que sabían procedía sólo de comentarios.
Considerando entonces que pese a la intensa labor investigativa no se ha podido acreditar la existencia de los hechos, se dispuso el archivo de la causa. En caso de surgir algún elemento probatorio, la investigación puede retomarse (La Opinión)
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