La intensidad del desequilibrio queda ilustrada en el “Rojo Punzó” que los economistas Guillermo Bellingi y Joaquín Arias eligieron como título de su artículo, que estima que el año 2009 terminará con un déficit primario de 3.400 millones de pesos y un déficit financiero (incluye gastos e ingresos de capital) de 5.000 millones.
Resultados mucho peores que los 1.100 millones de superávit primario y que los
2.900 millones de déficit financiero que figuraban en el Presupuesto.
Para tener una idea de las proporciones, los 5.000 millones de déficit proyectado representan alrededor del 10 por ciento del total de gastos corrientes. Una enormidad.
Las estimaciones no son para nada exageradas. Por el contrario, se quedan cortas. El ministro de Economía Alejandro Arlía reconoce que el déficit financiero alcanzará los 5.500 millones de pesos.
Un serio problema que en lo inmediato están intentando resolver por dos vías: por un lado con endeudamiento, para lo cual el gobernador Daniel Scioli y varios otros mandatarios provinciales han logrado el guiño del Poder Ejecutivo para que el Congreso flexibilice los límites para tomar deuda que fija la ley de Responsabilidad Fiscal; pero además, la provincia ya viene recortando la ejecución de gastos de capital y demorando el pago a proveedores.
De acuerdo a los datos de “Rojo Punzó”, pese a que en el Presupuesto figura una triplicación anual de la inversión pública, en los primeros cinco meses se ejecutó apenas el 17 por ciento, lo que equivale a la mitad de todo el 2008.
Según Arlía, la causa del problema “no es un exceso de gasto, sino faltante de recursos”.
Para el ministro, esa escasez tiene que ver en lo coyuntural con la crisis local e internacional que afectó la recaudación,
y estructuralmente con el perjuicio que sufre la provincia por la disminución en la cuota de coparticipación. En sus comentarios finales Bellingi y Arias coinciden en que la coparticipación es un problema estructural que viene de arrastre “con la complicidad de los numerosos pactos firmados por las propias provincias”.
Pero el desequilibrio presupuestario bonaerense también es responsabilidad de la política tributaria propia. En otro de los artículos de la revista Entrelíneas titulado “Presión tributaria nacional y provincial: la evolución desigual”, Julián Barberis demuestra que mientras el Estado nacional aprovechó los años de alto crecimiento para incrementar de manera considerable la proporción de la riqueza producida que captura impositivamente, los Estados provinciales también la aumentaron pero muy poquito.
Entre 2003 y 2008 la presión tributaria nacional subió 6,8 puntos porcentuales, y la del conjunto de las provincias apenas 0,6 puntos.
Esto llevó a que el año pasado la Nación recaudase el 85,6 por ciento del total, mientras que las provincias aportaron 14,2 (el restito los municipios). Diez años antes, el Estado nacional obtenía el 81,1 y las provincias 18,5 por ciento del total.
Estos datos revelan que, al margen del impacto de la crisis sobre la recaudación propia y del recorte en la porción recibida por coparticipación de impuestos nacionales, el conjunto de las provincias desperdició casi por completo los años de bonanza para reforzar su posición fiscal.
Y dentro de esa caracterización general, Buenos Aires tuvo un comportamiento que Barberis califica de “oportunista”, debido a que su Producto Bruto per cápita creció muchísimo (168% entre 2003 y 2008) pero su recaudación aumentó menos que el promedio de las provincias. Se entiende que el calificativo alude a la actitud política de conformarse con la mayor recaudación resultante del crecimiento económico.
Es de destacar que lo mismo que Buenos Aires, tres de los otros cuatro distritos más grandes –Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe– también registraron altísimo crecimiento económico y un aumento de la presión por debajo del promedio.
El gobierno de Daniel Scioli ha adelantado que el proyecto de Presupuesto para el año próximo que elevará a la Legislatura contempla modificaciones en la estructura tributaria. Sin embargo, de la información difundida se desprende que los cambios son tímidos:
• Aumento en el impuesto inmobiliario para el 3 por ciento de las propiedades registradas.
• Imposición de un gravamen a la carga y descarga en los puertos.
• Reemplazo de Ingresos Brutos (de elevada evasión) por Sellos a la compraventa de autos usados.
• Reimplantación del impuesto a la Herencia.
La manera en que prevén restablecer este último tributo es la prueba más contundente de que se trata de modificaciones extremadamente moderadas. La idea es aplicar el artículo 183 de la ley provincial de Educación aprobada en 2007 que establece un impuesto a la transmisión gratuita de bienes con destino específico a un fondo educativo, gravando con un 5 o 6 por ciento a las herencias, legados o donaciones que superen los 3,5 millones de pesos. Es decir que sólo quedarían alcanzados casos que excedan los 900.000 dólares; y con un alícuota baja.
Para tener noción comparativa, en Inglaterra están gravadas las herencias por encima de 450.000 dólares, y con alícuotas progresivas que llegan al 40 por ciento.
Por supuesto que mucho más incomprensible resulta el hecho de que el Estado nacional siga sin reimplantar el impuesto que José Martínez de Hoz derogó durante su gestión como ministro de Economía de la última dictadura. Proyectos no faltan. Hay uno del diputado de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, que deja exentos los primeros 300.000 pesos y fija escala de alícuotas con un máximo del 35 por ciento. Hay otro de radicales K que grava a las herencias superiores al millón de pesos, con alícuotas que van del 8 al 40 por ciento.
Proyectos hay. Falta voluntad política mayoritaria.
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