Arlía descartó "absolutamente" la emisión de "Patacones", al tiempo que, en un tono conciliador, dijo que "el Gobierno nacional no tiene ningún atraso o deuda con la Provincia" y trabajan "con mucho acompañamiento" de la administración kirchnerista "en resolver un problema financiero que tiene solución".
El ministro manifestó que "la aparición de las cuasimonedas" se dio "en un período de iliquidez financiera", mientras "en este momento en la plaza local, en el mercado financiero de la Argentina, hay exceso de liquidez".
"No hay un problema que amerite una emisión de cuasimonedas, pero además todos los acuerdos que han firmado las provincias, incluyendo la provincia de Buenos Aires con el Gobierno nacional, prohíbe expresamente la emisión de cuasimonedas y la penaliza de una forma bastante contundente, que es permitiéndole al gobierno nacional que afecte la coparticipación por igual monto de la emisión", puntualizó en declaraciones radiales. Por lo tanto, sintetizó que "no hay ninguna posibilidad de emisión de cuasimoneda" y está "absolutamente descartada".
A los problemas salariales, se les suman un déficit asfixiante de 5.500 millones de pesos (según estimaciones oficiales) y las deudas crecientes con los proveedores. En ese sentido, Arlía prometió para 2010 un presupuesto austero y dijo que por el momento se postergarán las obras públicas ya previstas pero que aún no fueron licitadas.
Explicó que la "austeridad" que propician "se refleja básicamente en las compras de bienes y servicios, que no tengan que ver exactamente con los servicios esenciales", y en postergar para el 2010 "el gasto de capital que todavía no ha tenido inicio, es decir aquel que no ha sido licitado ni adjudicado".
El ministro precisó que "de acá a fin de año tenemos una necesidad de financiamiento del orden de los 2.500 millones de pesos", parte de lo cual planean cubrir con la colocación de títulos públicos.
El gobernador Scioli viene pidiendo que lo dejen emitir un bono en el mercado local para obtener recursos. Para eso necesita que el Gobierno suspenda la ley de responsabilidad fiscal, que prohíbe el financiamiento a las provincias para gastos de funcionamiento.
|