Así lo ordenó el juez en lo comercial Germán Páez Castañeda al determinar que el banco violó el “principio de 'gratuidad'” para las transferencias electrónicas entre cuentas bancarias que había sido regulado a través de un decreto presidencial.
El magistrado hizo lugar a una acción presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores, que denunció que por cada transferencia el banco cobraba 2,50 pesos.
El vocal de la ONG Horacio Bersten indicó que “el fallo beneficiará a una cantidad superior a las 300 mil personas que realizaron alrededor de un millón de transferencias por lo que el banco debería devolver un monto superior a los 14 millones de pesos, lo que todavía se debe establecer con una pericia”.
El juez explicó en su resolución que el decreto 1570/01 estableció que “las entidades no podrán obstaculizar la transferencia o disposición de los fondos entre cuentas, cualquiera que fuere la entidad receptora de los mismos, ni percibir comisión alguna por la transferencia electrónica de fondos entre ellas que se realicen por cuenta y orden de sus clientes”. (DYN/DIB
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