La causa recayó sobre el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, el mismo que condenó a reclusión perpetua a Miguel Etchecolatz y Cristian Von Wernich, y juzga ocho delitos cometidos contra un total de 90 víctimas.
Al contrario de como venía ocurriendo hasta ahora, que se producían juicios individuales o con sólo dos o tres acusados, el tribunal deberá establecer las responsabilidades de 14 agentes del SPB –entre ellos algunos médicos- en perjuicio de 90 personas, algo extremadamente complejo.
Carlos Rozanski, uno de los integrantes del tribunal, indicó que “en la provincia es la primera vez que se va a juzgar a 14 personas en un juicio de lesa humanidad”, al tiempo que manifestó que la Unidad 9 “es una causa compleja y grande, porque incluye 8 hechos, que a su vez implican una cantidad de 90 víctimas, por la cual llega a juicio. Y hay 14 imputados, de los cuales 7 están en prisión efectiva, 4 en prisión domiciliario y 4 excarcelados”.
El magistrado estimó el inicio del proceso a fines de año, aunque aclaró que los tiempos procesales pueden estirarse porque “hay planteos pendientes, estas causas se caracterizan por una serie de incidencias que se van produciendo, que tienen que ver con recusaciones y pedidos de las partes, que es correcto, pero retrasa a cada una de las causas”.
La Unidad 9 de La Plata, a cargo durante la dictadura por Abel David Dupuy, fue uno de los centros clandestinos de detención por donde más presos políticos pasaron, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
En diálogo con DIB, el copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria relató que la Unidad “era una cárcel para 800 internos y había 1.600, estábamos atiborrados ahí”.
Allí, el Premio Nobel fue torturado en los calabozos: “había varios de los oficiales y suboficiales que iban como si fuesen la Gestapo y a los detenidos les daban unas palizas fenomenales, que yo también sufrí”, señaló.
Entre los represores que irán al banquillo durante el proceso se encuentran el propio Dupuy; Elvio Cosso, por entonces segundo jefe del SPB; Ramón Fernández, quien se desempeñó como jefe de inteligencia del Servicio durante la gobernación de Felipe Solá; el subjefe Isabelino Vega; el jefe de seguridad Víctor Ríos; y tres médicos.
Según los organismos de Derechos Humanos, la llegada a la Unidad 9 desde distintos centros clandestinos de detención significaba el “blanqueo” de los detenidos, ya que pasaban a estar a disposición del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, según la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), “los detenidos, que llegaban torturados, con hambre y en magras condiciones de salud e higiene, encontraban en la Unidad 9 un trato similar al que recibían en los centros clandestinos”.
Durante el juicio, serán juzgados entre otros los homicidios de Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport y Juan Carlos Deghi, asesinados en supuestos enfrentamientos cuando eran trasladados; y el de Alberto Pinto, muerto tras ser torturado.
Sin embargo, los organismos de Derechos Humanos dudan de la estrategia de la defensa de “dilatar” la cuestión presentando numerosos amparos y recusaciones. En ese sentido, Guadalupe Godoy, integrante de Justicia Ya! de La Plata y abogada de la querella, indicó que “estas causas son muy complejas y en general, la estrategia de la defensa es no llegar a juicio, con una continuidad de maniobras dilatorias”.
COMISARÍA QUINTA
Otra causa compleja, que llegará a juicio el año próximo, es la que investiga los delitos cometidos en la Comisaría Quinta de La Plata, uno de los casi 30 centros clandestinos de detención que formaba parte del denominado “Circuito Camps”.
Esta causa, que ya fue elevada a juicio, había recaído sobre el TOF 1, cuyos integrantes se excusaron y la derivaron al mismo tribunal que deberá tratar primero la Unidad 9.
Según registros de los organismos de derechos humanos, por allí pasaron 222 detenidos, 83 de los cuales aún permanecen desaparecidos.
La causa sobre la Comisaría Quinta se inició antes de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero sólo tuvo curso una vez derogada la misma. Por ella, hay 9 represores procesados, entre ellos el ex jefe de Inteligencia de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz y el titular del destacamento, Osvaldo Sertorio.
Sin embargo, la querella denunció que errores procesales llevaron al tribunal a acusar a Etchecolatz por sólo 31 víctimas, porque “se lo indagó sólo por las que ocupaban los primeros 53 lugares de una lista ordenada alfabéticamente, por la que todos los que estaban ubicados detrás de ese número quedaron excluidos del procesamiento”.
UNIFICACIÓN DE CAUSAS
Si bien la elevación a juicio de estas dos causas supone una superación de los juicios individuales, diferentes actores del Poder Judicial reconocen que con eso aún no alcanza para terminar los juicios en tiempo y forma.
“Realizar este tipo de juicios es una ventaja, pero no en los términos necesarios para que el avance sea significativo”, le dijo a esta agencia Carlos Rozanski.
Para el magistrado, “toda causa que llega a juicio es un avance, pero desde el punto de vista de perspectiva, de lo que significa las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante el período 1976-1983, sigue siendo un avance exclusivamente en relación a una causa, no en el contexto de la cantidad de causas y de la cantidad de personas procesadas”.
Rozanski presentó hace un año y medio un proyecto de ley para unificar las causas por delitos de lesa humanidad por centros clandestinos de detención o Cuerpos de Ejército, con el objetivo de “concluir los procesos en un plazo de tres a cuatro años”. Sin embargo, su propuesta no tuvo eco en ámbitos legislativos.
“La esencia de la propuesta tiene que ver con una cuestión de sentido común: es materialmente imposible a este ritmo, que nuestro tribunales puedan concluir estos juicios en un término inferior a 50 o 100 años”.
Por su parte, el fiscal federal Carlos Dulau Dum consideró que las causas “se deben apurar cuanto antes, de manera de tener la resolución a adoptar y las sentencias condenatorias que correspondan y a juzgar cuanto antes todos estos hechos”.
En opinión del funcionario judicial, para acelerar los juicios “no hay otra alternativa que crear nuevos tribunales orales que puedan hacer frente a esta materia”.
“Todo lo que sea acortar plazos y generalizar centros clandestinos nos van a ayudar para juzgar más rápido todas estas cuestiones”, indicó Dulau Dum.
En tanto, Aníbal Hnatiuk, integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, indicó que “la idea de realizar los juicios por circuito represivo serviría porque haría que se pueda juzgar en un plazo razonable, que no sólo tiene que ver con los tiempos procesales sino con tiempos políticos”.
“Acelerar los juicios implicaría tocar ciertos intereses, y que el discurso en materia de derechos humanos del Gobierno se plasme en una acción concreta: es diferente el discurso que pueda tener el partido de gobierno y la forma en que lo aplica”, indicó.
Actualmente, la justicia federal de La Plata estudia un pedido de Justicia Ya! para unificar la causa de la Comisaría Quinta con la de Brigada de La Plata y el Pozo de Arana, según explicó a DIB Guadalupe Godoy, quien indicó que “en todas hay muchas similitudes en cuanto a acusados, hechos y víctimas”.
Para la abogada, lograr esto sería “un gran avance”: “estaríamos evitando tener tres juicios de dos años cada uno para relatar lo mismo”, consideró
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