La legisladora Otazúa nombro a la ciudad de Colón como que este flagelo se extiende. Una versión indica que habría cuerpo especial investigando este tipo de delito. Por otra parte, el hecho más cercano fue un operativo de Gendarmería Nacional que en Ruta Nº 8, detuvo a dos ciudadanas panameñas que no tendrían residencia.
Sin embargo para muchos lectores la noticia cayó de sorpresa y muchos se preguntaron ¿Dónde están los prostíbulos?.
Se indica que podría haber lugares sobre la Ruta Nº 8, que podrían "traer" en ocasiones especiales mujeres que trabajarían con su cuerpo.
Este no sería el verdadero y muy lucrativo negocio.
Según podríamos indicar el comercio existiría a través de portales donde se ofrecería habría pornografía.
Los portales pornográficos una vez que son visitados asiduamente captarían el sitio o la ciudad de donde proviene el supuesto cliente y con fotografías ofrecerían a las mujeres de esta localidad o localidades vecinas con la dirección y las tarifas que cobran.
Todo sería muy disimulado, pero este tipo de estratagema comercial habría aumentado a límites inciertos y ya se arriesga que podría haber un centenar de personas involucradas de distintos sexos. En este sentido, habría más de un portal que tendría en Internet los "books" ofreciendo mujeres colonenses y de la zona. Habría mujeres de Wheelwright, Hughes, Ferré, entre otras localidades.
También existirían chats muy especifico donde personas de distintos sexos ( perfil de gustos) tomarían contacto en toda la región con sus similares y sería el lugar donde se mostraría las bondades de los específicos ofrecimientos. Los tiempos cambian, las mujeres que se prostituyen ya no están en un cabarets. Son ofrecidas por Internet.
El tema a descubrir sería si son emprendimientos individuales, o existe una gran organización de tras de cada una de ellas, incluso trayendo mujeres de otras provincias y países y ubicadas estratégicamente en ciudades para abastecer los pedidos.
Los dichos de la legisladora
La legisladora en su denuncia destacó "La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de una o más personas dentro del territorio nacional y/o desde o hacia el exterior, con fines de explotación económica o cualquier tipo de beneficio para sí o para terceros, constituye una actividad criminal de las más lucrativas a nivel mundial".
A modo de raconto, la diputada bonaerense explicó en su documento que el gobierno argentino suscribió en el 2002 el Protocolo de Palermo destinado a prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, y que posteriormente el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.364 que tipifica la conducta delictiva.
A pesar de esto, la legisladora de la Quinta Sección Electoral bonaerense consideró que "La política del gobierno argentino es ineficaz porque no basta con tipificar el delito sino que es necesario que se comience a delinear acciones de carácter preventivo, de protección y asistencia a las victimas de trata, con políticas claras dirigidas a erradicar el delito".
En ese sentido, la legisladora en la Cámara baja provincial condenó que "No puede permanecerse impasible ante una actividad ilegal desarrollada por bandas de crimen organizado, y resulta claro que para que este crimen ocurra requiere al menos de la omisión de quienes tienen responsabilidades en el Estado".
En suma, Ana María de Otazúa reprochó "Es necesario que el gobierno argentino tome medidas implementando políticas para combatir este delito" ya que según finiquitó "Cuando menos por omisión el Gobierno posibilita ese crecimiento convirtiéndose su actitud en complicidad"
La trata de personas
Las redes de prostitución pagan entre $ 100 y $ 5.000 por una mujer, dependiendo de la edad y de las características físicas de la víctima. Este es uno de los datos más importantes que obtuvieron distintos organismos del Estado que están investigando las redes de prostitución en la Argentina. En Tucumán, casi 200 chicas están desaparecidas de sus hogares (la mayoría de ellas "fugadas"), y siendo prostituidas.
Argentina, la trata de personas no está tipificada como delito. Nuestro Código Penal no pena la trata interna, es decir la que se realiza de una provincia a otra La consecuencia es que no se puede imputar ni penalizar a los tratantes, porque no estarían cometiendo delito.
La trata de personas se inicia cuando las jóvenes responden a los ofrecimientos laborales.
Por lo general se requieren mozas para trabajar en otras provincias.
La mayoría de estas chicas ni siquiera tiene estudios primarios terminados y necesitan un trabajo
| 
