La docena de facturas cuesta seis pesos y obliga a poner en movimiento un sistema judicial-policial que a nuestra ciudad le cuesta por mes más de trescientos mil pesos.
El tema no es menor y revela una falta de sentido común sin precedentes.Si tomamos este caso desde el lado economicista más primitivo podemos preguntar ¿Como demostró el denunciante la posesión de la docena de facturas? y de hallarse el culpable ¿Como demostrar que fue el autor del delito?. ¿Se realizarán las respectivas pericias? ¿Sobre que elemento? Sin embargo, y esto es lo más grave de comprobarse el mismo, y seguir un hipotético curso legal, la causa judicial podría llegar a juicio oral y público, costando al erario público, miles de pesos.
La situación
En la provincia de Buenos Aires más del sesenta por ciento de los presos permanece sin condena y cuando sus causas llegan a los juicios orales los fiscales de juicio deben retirar la acusación por falta de pruebas. Como sucedió en varios debates de causas graves en los Tribunales de Pergamino.
En un solo caso -sucedió en Colón- y donde existió un homicidio, se tardó siete años en llegar a los estrados judiciales y algunos testigos cuando fueron llamados a declarar no recordaban y otros ante tamaña desmesura no quisieron comprometerse. Por otro lado, hubo cuatro procesados durante todo ese tiempo que salieron libre de culpa y cargo.
Miles de causas por año pasan a archivo. La premisa es descubrir los grandes casos o aquellos que impac- tan a la opinión pública. Sin embargo, si realizamos un pequeño relavamiento descubrimos -vaya paradoja- que casi ninguno fue aclarado.
El pequeño recordatorio es: Homicidio de Patricio Mat- covick, asalto a Graneros y Elevadores Argentinos, asalto a la Mutual de Sportivo Barracas, asalto a las familias Bonello, Bigatti, García, Ezzayag, Montagna, Noé, Bataforano, Insaurralde -todos graves y con toma de rehenes- El reclamo de la población es unánime. Se debe producir un cambio urgente en la Justicia y el hilo no solo se debe cortar por lo más fino, que es la policía, para lograr acelerar las causas penales y que la mayoría de ellas sean delitos con prioridad o "pequeño" quede sin resolver.
Para esto se debe tener la máxima responsabilidad, sentido común y compromiso de jueces, fiscales, instructores judiciales -entre otros-. La justicia no es solo un lugar de empleo o de conchavo para ganar un sueldo y obtener una buena jubilación. Es un Poder fundamental de una República.
Los controles deben funcionar y aquellos que no sirven, son corruptos, o sin compromiso se deben ir.
El panorama es desolador. La Justicia en la provincia de Buenos Aires tiene deficiencias en el proceso de investigación y en muchos casos no responde a la necesidad de los ciudadanos comunes que ya no denuncia delitos menores porque sabe que no tendrá resolución.
Las quejas
La sensación de inseguridad es cada vez mayor y la "co- nurbanización de la seguridad" llegó para quedarse. Hace siete años el robo de una bicicleta o ciclomotor era tapa de diario. En el presente el afectado en muchos casos no realiza la denuncia porque sabe que no habrá culpables. En Colón -aunque en los últimos días vive un remanso- el ciudadano común está cansado y atemorizado.
Nadie quiere dejar la casa sin un cuidador y el crecimiento de la instalación de alarmas y rejas creció enormemente. "No se puede dejar una bicicleta en la calle cinco minutos" Dice C.A.
En tanto que F nos dice "Estamos cansados aca solo cobran un sueldo, y después no pasa nada, cada vez vemos más cargos y menos eficacia".
En otras ciudades
Rodolfo Fernández Viñas, presidente de la Red Solidaria de San Nicolás señaló que la situación en esa ciudad "es caótica, padecemos la inseguridad y la falta de insumos desde hace mucho tiempo, la escalada de asaltos es terrible", indicó Viñas, al tiempo que denunció que "no se puede atravesar la plaza de noche", porque grupos de adolescentes "cobran peaje" y asaltan a los vecinos.
Por su parte, el presidente del Foro de Seguridad de Tres Arroyos, Omar Dalasana, consideró que en el interior "la vida cambió, y también tenemos que cambiar nosotros".
"La ciudad creció, y ante esto se siguen creando dependencias, pero con personal y móviles que le sacan a la comisaría", informó Dalasana, al tiempo que señaló como los principales problemas "la falta de personal y la lentitud de la justicia".
El dirigente estimó que hay "un altísimo porcentaje de comisión de delitos por parte de menores, casi todos reincidentes".
El año pasado, Tres Arroyos se vio conmocionada por una denuncia presentada contra dos jueces y un fiscal, a quienes se acusó de liberar a delincuentes inmediatamente después de detenerlos. Tras ello, los vecinos presentaron ante la Procuración bonaerense nueve mil firmas para pedir la remoción de los funcionarios judiciales.
En Junín, ciudad que el año pasado también fue escenario del reclamo de vecinos y comerciantes, "es preocupante el aumento de robos a mano armada", según denuncia Basilio Elisei, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Pequeñas y Medianas Industrias del noroeste bonaerense (CAPY- NOBA).
Elisei sostuvo que hace falta "un mayor control ciudadano" de las fuerzas de seguridad, y propuso "volver a la vieja policía vertical, donde el comisario inspector recorría las dependencias a la madrugada".
Los Foros de Seguridad están prácticamente extintos en las ciudades del interior, por desinterés de los ciudadanos o por presiones políticas.
Fernández Viñas indicó que "pretendimos rearmar los Foros, pero el intendente desarmó todo".
En Trenque Lauquen el foro se disolvió luego de que sus integrantes no aceptaran las condiciones del ministerio de Seguridad, que intentó introducir algunos cambios en función de la nueva legislación.
En algunas localidades, los vecinos se reúnen para tratar de reflotarlos, o en todo caso, conformar una nueva agrupación para canalizar los reclamos vecinales. Es el caso de Junín, Trenque Lauquen, Pergamino y Olavarría, que realizaron una marcha multisectorial para pedir por mayor prevención del delito.
Cambios
El panorama de la seguridad en la provincia se complejizó, luego de que se anunciara el relevo del jefe de la Bonaerense, Daniel Salcedo.
Si bien desde el Gobierno aclararon que Salcedo renunció por motivos personales, había una clara intención de modificar el perfil de la cúpula policial: para reemplazar a un hombre proveniente de la Policía Científica, el Gobernador, Daniel Scioli, eligió a un comisario con experiencia en la calle: Juan Carlos Paggi, quien fuera comisario en varios distritos del conurbano.
Ante estos cambios, la titular de "Mejor Seguridad", Constanza Guglielmi aseguró "no servirán" para bajar el nivel de delito porque "hay carencias en las políticas integrales de seguridad".
"De una vez por todas, el Gobernador tiene que entender que la única manera de combatir el delito es avanzar sobre una reforma integral en materia de seguridad.
Lamentablemente hoy la vida en la Provincia no tiene valor", indicó
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