La realidad, es que la extensión de los jóvenes a las playas es un fenómeno que ocurre durante todo el año y del cual no escapa casi ningún distrito de la Provincia: la incapacidad creciente de los chicos para cuidarse a sí mismos y de las autoridades y los padres para encontrar las maneras de poner los límites necesarios.
En Colón, existen las peleas en la madrugada, roturas de cestos de basura, daños en los medidores de gas, etc, etc. Solo basta salir de madrugada o cuando apenas aclara el sol para darse cuenta de la profundidad de la crisis. Decenas de adolescentes (varones y mujeres) en avanzado estado de ebriedad.
Para atajar este fenómeno se ha probado de todo: desde el fracasado tope horario para el cierre de los boliches, que Eduardo Duhalde dispuso cuando era Gobernador, en 1994, hasta el endurecimiento a las restricciones para la venta de alcohol con las que probó suerte Felipe Solá desde 2003. Ninguna de esas medidas parece haber dado resultado: sólo en enero pasado, en las guardias de los hospitales de la costa atendieron a 61 menores por consumo excesivo de alcohol o drogas, 3 de los cuales entraron en coma.
Y en el hospital de Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela, tres chicos murieron por tomar alcohol mezclado con medicamentos para diabéticos, en una versión potenciada de la "jarra loca".
¿Qué hacer? Un nuevo proyecto de Ley provincial, propone otra alternativa: implicar a los padres (o a quienes ejerzan la patria potestad) en el proceso de responsabilizar a los chicos por sus conductas, multándolos o imponiéndoles trabajos comunitarios cuando los menores sean hallados borrachos, permanezcan en boliches a horarios en los que tienen el acceso prohibido, produzcan desmanes en lugares públicos o dañen el patrimonio comunitario o de terceros. No es una idea nueva, algo muy similar se aplica desde hace tiempo en Saladillo y en Bolívar, pero ahora la idea es extenderlo a todo el territorio bonaerense y ese solo dato ya desató el debate.
La senadora Marta Helguero (FPV), autora del proyecto, que también firmó el jefe de su bancada, Osvaldo Goicochea, dijo a DIB que "como madre -tiene tres hijos- siento que algo hay que hacer, que no puede ser que como sociedad miremos impávidos, resignados, como los chicos se autodestruyen, que temamos cada vez que salen a divertirse porque no sabemos si van a volver". Helguero sabe que "probablemente muchos no estén de acuerdo con esto y seguramente el proyecto es perfectible, pero la primera iniciativa de este tipo la presenté en 2003, cuando era diputada, y hasta ahora no se pudo tratar. Con todo lo que hemos vivido desde entonces, creo que no nos podemos negar a este debate".
Límites
Los psicólogos, en general, parecen estar de acuerdo con la iniciativa.
María del Carmen Brogna, especialista en psicología infantil y adolescente del Hospital de Niños de La Plata, explicó a esta agencia que "esta medida puede ser muy importante, porque para el desarrollo del psiquismo es esencial que se pongan límites y si los padres no pueden o no quieren, el Estado puede contribuir". Brogna dudó de "la eficacia que pueda tener esto a corto plazo, pero a mediano y largo plazo será positiva, porque los chicos pueden crecer con ejemplos de límites a su alrededor, que aplicarán a su vez cuando les toque ser padres".
La especialista reclamó que además de los padres, sean los propios chicos los que "deban participar de los trabajos comunitarios, sobre todo a partir de los 14 o 15 años, porque a esa edad es importante que se hagan cargo de las consecuencias de su conducta".
Y reclamó que "patovicas, dueños de boliches, encargados de vigilar los límites de velocidad y comerciantes de alcohol también cumplan con las leyes vigentes por propia decisión o sean obligados a hacerlo". Si no, consideró Brogna, va a ser muy difícil lograr que los adolescentes se autolimiten".
María José Madou, colega de Brogna y docente de la UBA, también cree que la verdadera solución llegará cuando los chicos opten por no adoptar conductas que los pongan en riesgo.
Pero asegura que hoy, eso es muy difícil, porque "estamos ante una generación de padres que tiene muchas dificultades para poner límites, para enseñarlos, y por eso muchas veces no pueden ayudar a sus hijos". ¿Las razones? Varias: "muchos crecieron durante la represión y confunden represión con límites, también influye que vivimos una época de cambios en los vínculos familiares, con muchos padres separados que erróneamente sienten culpa por eso e intentan compensarlo aumentando la permisividad", explicó Madou.
El Centro del Problema
Si se está debatiendo un proyecto de ley como este, que planea una medida desesperada, de algo podemos estar seguros: algo falló en el diálogo y la persuasión familiar. Esa es la hipótesis de la psicóloga social Liliana Guido, para quien "esto demuestra cuán profundo es el fracaso en la contención de muchos de nuestros adolescentes".
Para Guido, "hay un sector que ha adoptado actitudes violentas y autodestructivas cómo mecanismo de búsqueda de una identidad estable en el marco de una época que no las provee porque ha reemplazado el ser por el tener". Esta cuestión "atraviesa todos los niveles sociales y es el "significado real del individualismo radical que vivimos".
La psicóloga social asegura que "lo peor es que poco a poco vamos naturalizando esto: nos estamos acostumbrando, pensamos que es lo natural, lo inevitable". La profesional explicó que "en la década del 60 o 70, ver esto nos hubiera escandalizado, pero ahora eso ya no ocurre".
Las Leyes que se deben aplicar
esde el punto de vista legal, las cosas no parecen estar tan claras. El sustento conceptual de la medida consiste en que los padres no son sancionados por los excesos de sus hijos, sino por desatender el deber de custodia que deben ejercer hacia ellos. Pero el constitucionalista Félix Loñ consideró que la iniciativa, tal como esta planteada, "es un exceso que tiene visos de inconstitucionalidad y podría recibir fuertes cuestionamientos en los tribunales, porque no se puede hablar del deber de custodia cuando el chico está fuera de su casa y lejos de sus padres".
Para accionar legalmente en esos casos "es necesario probar, en un juicio, que por ejemplo el padre incitaba a su hijo a emborracharse, a correr picadas o a permanecer en un boliche fuera de hora" Es decir, si "un chico comente una conducta inapropiada pero que no es perjudicial para terceros y está fuera de la vista de su padre, legalmente no corresponde que se sancione al padre, porque eso es imponerle una pena sin posibilidad de defensa en juicio", explicó el constitucionalista. Ahora, si la acción "resulta ser perjudicial para terceros, entonces está encuadrada en el Código Civil desde el siglo XIX y lo único que cabe hacer es hacer cumplir las leyes", ejemplificó Loñ. Con todo, nos son necesarios sofisticados argumentos legales para que esta iniciativa sea difícil de aplicar.
En Bolívar, tienen desde hace un año una ordenanza que multa a los padres por las conductas de los menores e incluso está sirviendo, a partir de la vigilancia de la policía pero también de una guardia urbana de reciente creación, para reducir la permanencia de los chicos en los cíber hasta la madrugada, un mal endémico de estos años. Hasta ahí, todo perfecto, "la comunidad apoyó la iniciativa, pero el problema surge cuando aplicamos las multas, que van hasta los 2 mil pesos", explicó a esta agencia el responsable de Asuntos Legales del Municipio, Jorge Moroni.
Es que cuando eso ocurre, "comienzan las excusas: que me dijo que iba a volver temprano, que me sacó la moto sin que yo me diera cuenta y la usa para trabajar por lo que no puedo pagar la multa, nadie quiere pagar", contó el funcionario bolivarense. Al parecer, muchos padres tienen tantas dificultades como sus hijos para asumir las consecuencias de sus actos. Así, es difícil que alguna legislación resulte efectiva.
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