La iniciativa, se implemen- tará a través de una tarjeta electrónica similar a la que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, puso en marcha a principios de este año para suplantar los Planes Más Vida. De este modo, la Provincia busca llegar con una ayuda a los 250 mil chicos menores de 6 años -de un total de 1.7 millones- que no reciben ayuda del Estado pese a vivir en el seno de familias que están en situación social de riesgo.
Así, el titular de la Cartera social anunció un aumento de 110 millones en el presupuesto para el área de niñez, que alcanzará los 300 millones de pesos. "Los jóvenes están en peligro y necesitan nuestra ayuda. Entre todos nos estamos haciendo cargo", manifestó el funcionario.
El nuevo plan abarca a los niños cuyas familias no reciben asignaciones familiares, pensiones no contributivas ni Plan Familias, y el objetivo es "equiparar la situación de niños y niñas a fin de asegurarles condiciones básicas para su desarrollo integral".
La nueva ayuda se efecti- vizará a través de una cuenta en el Banco provincia, que se depositará mensualmente, y consistirán en 100 pesos por cada chico menor de seis años que haya en la familia beneficiada.
Arroyo había señalado, que "estamos trabajando con la CTA, los obispos y demás instituciones del Consejo Consultivo, la idea es de tener un programa que empiece a funcionar en este semestre en donde garanticemos que toda familia con un chico menor de seis años tenga una asignación familiar garantizada".
ASUME TABOLARO
En tanto, Arroyo anunció que Cristina Tabolaro asumirá mañana al frente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, cargo que quedó vacante tras el desplazamiento de Martha Arriola, quien había criticado el proyecto del gobernador Daniel Scioli de bajar la edad de imputabilidad. Tabolaro adelantó que entre sus primeras acciones estará "el ordenamiento administrativo y de los recursos humanos que permita el cumplimiento de las responsabilidades primarias del organismo, el monitoreo y diagnóstico de las instituciones penales por parte de organismos de derechos humanos; y la construcción de una agenda de trabajo con el Poder Judicial, con los municipios y con las organizaciones sociales y comunitarias". (DIB)
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