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30/10/2008
Economía

La crisis en el interior bonaerense


Para muchos sectores, la crisis financiera mundial ya dejó una huella similar a la de los casi 130 días del conflicto entre el Gobierno y el campo. Trabajadores suspendidos, recorte de horas extras, fuertes caídas en las ventas minoristas y freno en el rubro construcción son algunas de las consecuencias a corto plazo y que, sumadas a la caída de precios de la carne y cereales, provocan en el interior bonaerense un panorama cargado de preocupación e incertidumbre...


(DIB) La ecuación en muchos municipios es simple: si anda bien el campo, anda bien el comercio. Durante la crisis por las retenciones, el comercio lo sufrió. Pero hoy, caída la polémica resolución 125, la situación vuelve a repetirse. Según diferentes pymes metalmecánicas relacionadas al agro consultadas , la caída de sus actividades llega al 50 por ciento. Y eso da de lleno en el corazón del comercio minorista.
"Por la caída de la actividad agroindustrial el impacto negativo en el comercio es en algunas localidades del 30 por ciento, pero en otras llega al 40 por ciento", aseguró Juan Carlos Garrido, dirigente de las cámaras del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense (NENB), entidad formada por cámaras de comercio, industria y servicios de 35 ciudades.


El llamado de atención comenzó hace un mes y se vio agravado en las últimas horas con suspensiones en fábricas automotrices, compañías agropecuarias y constructoras. Mientras que en el conurbano las automotrices recortaron la labor de cientos de empleados y más de mil son los afectados en los frigoríficos bonaerenses, en Tandil una fábrica de ladrillos y tejas despidió a la mitad de sus obreros, algo que se mantiene en suspenso debido a la conciliación obligatoria dictada por la cartera de Trabajo. En esta ciudad también una empresa metalúrgica decidió rescindir el contrato de 25 operarios, el mismo número de empleados que perdieron su trabajo en una de las más famosa firma sojera con asiento en Carlos Casares.


Para el presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Raúl Lamacchia, "hay una sensación de incertidumbre en la gente y eso llevó a un enfrentamiento en el consumo". Según le dijo el dirigente, las ventas cayeron del 20 al 30 por ciento a raíz del estancamiento económico del último mes, mientras que las suspensiones en las grandes empresas llegan por ahora al 3 por ciento del total del personal.


Disminución


Un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) reveló que cuatro de cada diez empresas de 27 sectores diferentes, percibió una disminución en la producción que llega hasta el 30 por ciento.
Además, más del 10 por ciento de los encuestados sufrió una merma en las ventas que superó el 31 por ciento.


Por su parte, un informe de octubre de la Fundación Observatorio Pyme indicó que entre las industrias, el escenario para 2009 está dado por un incremento promedio del precio de sus productos que desde algunos trimestres se estabilizó alrededor del 25 por ciento interanual. "En un contexto en el que gran parte de las empresas -especialmente aquellas más pequeñas- contempla una desaceleración en las cantidades vendidas será cada vez más difícil evitar la caída de las rentabilidad en relación a la facturación total. Este esquema plantea la importancia crucial de sostener el nivel de actividad a través de las cantidades vendidas", destacó el informe.


En este contexto, empresarios y comerciantes coinciden en un punto: es necesario un "salvataje impositivo" del Gobierno. Desde el Nu- cleamiento del Noroeste elevarán luego de la próxima reunión del 2 de noviembre en Pehuajó un documento a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y FEBA para que se haga un planteo ante Nación y Provincia en este sentido. "Nosotros planteamos la necesidad de avanzar en una emergencia económica para el sector comercial e industrial. Una emergencia impositiva para alivianar la situación", explicó Garrido.


A esta idea hay que darle forma, pero una posibilidad que manejan las cámaras es reclamar que se prorrogue al menos la mitad del total de impuestos que debe pagar el sector. Esto incluye Ganancias, Bienes Personales e IVA en el ámbito nacional, mientras que otros como Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos están bajo la órbita del gobierno de Daniel Scioli.


"El objetivo es pedir esto para no tener que tomar medidas con el personal y así evitar despidos o suspensiones", agregó el integrante de la Cámara de Comercio de Bolívar. En tanto, Lamacchia reclamó medidas para proteger el empleo y dijo que un tema para analizar es la cuestión impositiva relacionada a la parte salarial.


Ladrillos en«Stand By»


Para paliar la crisis en el sector de la construcción, donde se registra por el momento la mayor cantidad de suspensiones (60 mil según datos gremiales), la presidenta Cristina Fernández insistió en las últimas horas en "profundizar el plan de obras públicas" para incentivar las fuentes de trabajo. Si bien para Norberto Sánchez, presidente de la Confederación Nacional de Pymes de la Construcción, hoy el mejor negocio sigue "siendo el ladrillo" y por eso estima que al mediano plazo la actividad no se verá resentida, reconoció que antes de la crisis financiera el número de obras había caído en la provincia un 15 por ciento. "Ahora ya estamos en un 25 por ciento", aseguró el dirigente, aunque destacó que es la "sensación térmica de la gente" la que ayudó a que se frene todo.


Tanto Sánchez como Jorge Del Río, presidente de Asociación Pymes de la Construcción de la provincia de Buenos Aires, coinciden en un punto: hay una fuerte desa- celeración de la obra pública y los plazos de pago com- plejizan el escenario. Es que por lo general se tardan más de seis meses entre la presentación de la oferta y el comienzo de la obra y la inflación termina castigando fuertemente a las pymes.


"Hay que agilizar los plazos y eso se lo pedimos al gobierno provincial. Hay obras que quedaron truncas del gobierno de Felipe Solá. Se presentaron durante su gestión, tardaron mucho tiempo y cuando la adjudicaron en esta administración ya los valores estaban todas cambiados", dijo Del Río. "La obra pública mermó porque no pagan en término o no se actualizan los precios", agregó Sánchez.


Según las compañías del sector, hasta ahora solo se hizo solo el 40 por ciento del Plan Federal de Viviendas, y ese 60 por ciento que está parado genera un gasto para los municipios del interior, ya que muchas veces los inten- dentes tienen que pagar seguridad para evitar usurpaciones. "Necesitamos que se reactive el sector y que no se ajuste con la obra pública", concluyó Del Río




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