La Provincia planea im- plementar modificaciones al proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado en cuestiones relativas a las velocidades máximas y el nivel de alcoholemia permitido para circular, así como considerar faltas graves a conducir con auriculares o celulares en mano. La sanción de la nueva norma prevé también implementar la vuelta del sistema de radares en las rutas bonaerenses para el verano.
Según señaló el subsecretario de Gobierno de la Jefatura de Gabinete y Gobierno bonarense, Juan Pablo Álvarez Echagüe, la intención del Ejecutivo es contar con la nueva ley a fines de octubre o a más tardar en las primeras semanas de noviembre. Fuentes legislativas dijeron que los cambios estarían consensuados “en las próximas dos semanas”.
El tránsito en la provincia se rige hoy por el decreto Nº 40 firmado –en enero de 2007- por el entonces gobernador Felipe Solá, que derogó el viejo Código de Tránsito (Nº 11.430). La normativa declaró la Emergencia Vial en un contexto donde los accidentes crecieron en número exponencial.
Entre otras medidas, el decreto estableció el control de velocidades máximas con radares, la creación de juzgados especiales para tratar infracciones de tránsito, un sistema de infracciones unificado (RUIT) y la responsabilidad de los padres ante las faltas de sus hijos comprendidos entre los 14 y 18 años. Pero en la práctica, estas medidas nunca llegaron a implementarse o se hicieron en forma parcial.
Solá intentó en vano transformar el decreto en ley. Si bien el proyecto obtuvo media sanción en el Senado en junio pasado, la pérdida de influencia del ex gobernador a poco de terminar su mandato impidió que avanzara en Diputados.
Reformas
El último verano, el gobernador Scioli prorrogó el decreto de Solá. Ahora, el Ejecutivo promueve cambios en el texto del Senado. En línea generales, busca adecuar esta norma al nuevo plan de seguridad vial de Nación aprobado en abril. “Queremos alinear el proyecto del Senado, que es muy bueno, con la ley nacional. Lo que buscamos es que un conductor se rija por un solo código y no con una norma distinta según la provincia por la que transite” indicó Álvarez Echagüe.
Así, las modificaciones que motoriza el Ejecutivo reconocen a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) como órgano rector y de coordinación en materia de tránsito en todo el país. La norma nacional también establece la emisión de una licencia de conducción única se que regirá por el sistema de puntos (scoring) que se descontarán por cada infracción así como la incorporación de nuevas faltas graves.
Estas faltas –entre otras, conducir con auriculares y celulares o producir quemas de pastizales que afecten el tránsito- así como el sistema de scoring se implementarán en la provincia cuando se aprueben las modificaciones.
También habrá cambios en los niveles de alcoholemia y las velocidad máximas permitidas. En el primer caso, y en consonacia con la ley nacional, se permitirá a los conductores un máximo de 500 miligramos por litro de sangre; será de 200 para los motociclistas y cero para los camiones y transportes de pasajeros. El proyecto con media sanción en el Senado proponía “tolerancia cero” para todo tipo de vehículos.
En cuanto a las velocidades, se impulsan una leve suba de las máximas: 120 kilómetros en autovías y semiautopistas para motos y autos (el proyecto del Senado proponía 110), 90 para micros y 80 para camiones. En autopistas, los mismos valores que en autovías pero permitiendo a autos y motos 130 kilómetros (los senadores habían votado 120 km).
En zona rural 110 kilómetros para autos y motos (contra los 100 previstos), 90 para micros y 80 para camiones.
La nueva ley que prevé tener aprobada el gobierno para noviembre, creará también los juzgados de tránsito en la provincia que proponían tanto el decreto de Solá como el proyecto del Senado. Esta ingeniería legal será el puntapié para la vuelta de los polémicos radares en rutas, suspendidos desde 2002. Se trata de 180 aparatos (140 fijos y 40 móviles) adquiridos durante la gestión Solá, muchos de los cuales ya están instalados.
No obstante, según indicaron fuentes oficiales, de no llegar a implementarse los juzgados de tránsito la competencia recaerá en los juzgados de faltas y juzgados de paz locales como ocurrió hasta 2002.
La decisión política es que vuelvan a funcionar durante este verano (HOY)
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