En Colón en el último año fueron diez las denuncias ingresadas por abusos sexuales, algunas de ellas no se pudieron comprobar, pero cabe recordar que las víctimas en su gran mayoría no mienten y más cuando varias mujeres declaran el mismo tenor en los acontecimientos.
En la actualidad existen cuatro detenidos en los calabozos de nuestra ciudad, y las víctimas son dos menores (uno de ellas embarazada a los 14 años y dos mujeres mayores). Existen otros casos en investigación.
Banco genético
En el banco genético habrá datos de las pericias de los casos denunciados. La creación de estos registros fue promovida por el Gobierno. El acceso a los listados será limitado.
La provincia de Buenos Aires contará con un Registro de Condenados por violaciones (al que se podrá acceder con autorización previa) y un Banco Genético con los datos que la Justicia reúne en las investigaciones por casos de abuso contra la integridad de las personas.
La ley que reglamenta su creación fue sancionada en la Legislatura y, según explicaron en el Parlamento, se trata de dos instrumentos que buscan agilizar y mejorar los resultados de los procesos judiciales en este tipo de delitos. Las estadísticas muestran que en Buenos Aires se denuncia una violación o abuso cada dos horas y media.
Es decir: las fiscalías de la provincia reciben unos 3.500 episodios por año. En el Ministerio de Seguridad informaron que se resuelve el 35% de los hechos denunciados aunque admiten que existe «cifra negra», o sea violaciones o abusos que nunca llegan a la Justicia. En esta franja están los casos intrafamiliares. Las cárceles bonaerenses alojan a 1.600 personas acusadas por delitos sexuales, el 5% de la población penitenciaria.
A partir de la reglamentación de esta ley, los futuros condenados quedarán en el nuevo registro. La iniciativa es rechazada por entidades que consideran a este listado como «discriminatorio».
Se prevé que podrá ser consultado por quienes tengan «interés legítimo» en conocer esa información. Aquí radica parte de la controversia porque la nueva legislación no define esto.
Podrían ser empleadores que necesiten evacuar dudas sobre un futuro trabajador o un director de escuelas que recibió una denuncia sobre un docente.
Aunque, los detalles y la definición del criterio de accesibilidad se resolverá entre técnicos del Ministerio de Justicia y los legisladores que avalaron la iniciativa.
El gobierno cree que será una herramienta clave para identificar abusadores y evitar la reiteración de casos. El registro contendrá copia de las sentencias judiciales y estará bajo la órbita del Poder Ejecutivo, encargado de la reglamentación.
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