Ambas iniciativas habían sido intensamente debatidas entre los representantes gremiales del agro, el Gobierno y los legisladores provinciales durante el conflicto por las retenciones móviles y en ese momento la administración Scioli se había comprometido a apurar su tratamiento, por lo la remisión a la Legislatura encierra, además de interés económico, un evidente significado político.
Los dos proyectos fueron redactados por los senadores Osvaldo Goicoechea, Javier Mazza, Mariel Urruti, Enrique Salzmann y Alfredo Sivero, todos miembros de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara Alta, que es presidida por el primero de ellos. Cuentan también con el apoyo del Ejecutivo, según indicaron a esta agencia voceros del bloque oficialista.
Se trata de iniciativas que intentan cerrar un bache normativo importante: hasta ahora no hay ninguna ley que regule a los feed loot en la Provincia, pese a desde 1995 la actividad creció al punto de que hoy se crían de ese modo unas 2 millones de cabezas. Respecto de los porcinos, la norma en vigencia data de 1985 y ya no sirve para guiar al sector, como se reconoce en los fundamentos del proyecto.
Los articulados, notablemente similares, establecen la creación de sendos registros en los que deberán registrase los productores, previa obtención de certificados de radicación (que serán extendido por los municipios) y de aptitud ambiental, a cargo de la “autoridad competente” en la materia, según se indica en el articulado, probablemente el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible.
El segundo punto es clave, ya que se trata de dos actividades que reciben a diario cuestionamientos por su impacto en el medio ambiente, debido a los desperdicios que generan, a la disposición de los cadáveres de los animales y a la condición en que los ejemplares viven, sobre todo en los Fed. LOT.
La estipulación de pautas sobre ubicación, con distancias mínimas respecto a centros poblados, colegios u hospitales, entre otras instalaciones, un punto crucial en este plano, se deja para la reglamentación que deberá realizar el Ejecutivo, que determinará también quién será la autoridad de aplicación sobre la que recaerá la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las leyes.
Por otra lado, los dos proyectos contemplan la creación de fondos especiales para el desarrollo de la actividad; el cobro de tesas para habilitación, inspecciones, y certificado de aptitud ambiental; multas (de hasta 1000 sueldos mínimos de empleados públicos) y caducidad de la habilitación para quienes no las cumplan y un plazo de hasta 12 meses para que los establecimientos preexistentes se adapten a los nuevos parámetros.
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