Fuentes judiciales informaron que el juez hizo lugar al pedido del Fiscal Federal Juan Murray, quien en septiembre del año pasado había solicitado la medida, y ordenó la exhumación del cuerpo del obispo Carlos Horacio Ponce de León.
El religioso, quien públicamente denunciaba las atrocidades cometidas por la junta militar, murió en un accidente de tránsito el 11 de julio de 1977 sobre la Ruta 9, luego que su vehículo fuera embestido por una pick up.
Al igual que en el caso del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, se sospecha que a Ponce de León se lo asesinó simulando un accidente.
«Existen cuantiosos testimonios que acreditan que monseñor Ponce de León era víctima, al momento de los hechos y desde varios años atrás, de constantes amenazas y seguimientos por parte de las autoridades militares de la época, más concretamente por parte del jefe del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101, el entonces teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant», afirmó Murray al pedir la medida al juez.
Además, el fiscal recordó que un documento secreto de altos jefes militares de San Nicolás indicaba que el obispo estaba vinculado al movimiento obrero y también se lo acusaba de «aumentar su prestigio en deterioro del accionar de las FFAA».
«Ponce de León no renunció a su cargo, tampoco aceptó el traslado a otra diócesis. Indudablemente ese hecho pudo haber sellado su suerte», opinó el fiscal.
En su pedido, también aportó cartas que el obispo le había hecho llegar a sus allegados antes del «accidente», donde advertía que había recibido amenazas de muerte.
Ahora, el juez Villafuerte Ruzzo ordenó la exhumación del cadáver, que está enterrado en la Catedral de San Nicolás, y al mismo tiempo dispuso que sea examinado por el equipo argentino de antropología forense juntamente con peritos. (N.A)
La ordenación
El 27 de octubre de 1968, Ponce ordenó como sacerdote de la Catedral de San Nicolás, al cura Galli, peronista, obrero de SOMISA y villero, habitante de Villa Pulmón, allí donde muchos años después se levantaría el templo que venera la imagen de la Virgen María del Rosario.
A fines de 1969, tiene lugar el llamado Segundo Encuentro del Pueblo de Dios en Pergamino.
Ya existía un muy fuerte grupo juvenil que trabajaba en la zona de villas y se ratificó, entonces, el compromiso con los más pobres.
El 27 de agosto, sacerdotes del movimiento de San Nicolás, se oponen a la construcción de una capilla por SOMISA. En 1972, Ponce de León lanzó la Pastoral de Cuaresma y se ordenaron los primeros siete sacerdotes de su seminario: José Pepe Aram- buru, Abel Gaspar, Rogelio Vázquez, Horacio Lombardo, José Luis Sposaro, Raúl Acosta y José María Re- gueiro
El atentado
Dos oficiales de policía llegaron al sanatorio de Buenos Aires donde estaba internado el seminarista nicoleño Nicolás Gómez. Querían saber quién era su obispo, si vendría a visitarlo, y cuándo. Gómez y su padre respondieron que Ponce de León les había prometido que vendría la mañana del lunes 11. Tenía también otros motivos para el viaje. Había preparado una carpeta para la Nunciatura Apostólica con datos sobre secuestros y torturas en San Nicolás y Villa Constitución. Uno de sus sacerdotes afirma que era una carpeta azul con el título “Asesinato de los padres y seminaristas palotinos”.
Con esa documentación salió a la ruta, acompañado por el laico Víctor Oscar Martínez, de 19 años, quien cumplía con el servicio militar obligatorio en la Prefectura de San Nicolás. El obispo era su tutor judicial desde que el muchacho tenía doce años. A las 6.40 de la mañana, cuando aun no había amanecido, el auto Renault 4 del Obispado fue embestido en la ruta 9 por una pick-up. Atendido en primer momento en Ramallo, Ponce de León fue trasladado a la clínica San Nicolás en “coma profundo, con fractura y hundimiento de cráneo” según la instrucción policial.
Pero la presunta fractura no aparecerá luego en el informe del sanatorio donde fue atendido. Su historia clínica, si la hubo, no quedó archivada. Tampoco se citó a declarar ni se solicitó documentación a la clínica de Ramallo a la que Ponce de León fue llevado en primer momento. Sólo su madre pudo verlo. Ni siquiera a su médico personal se le permitió pasar a la sala de terapia intensiva. La documentación que llevaba desapareció. Nunca se practicó un peritaje accidentológico ni de ingeniería mecánica para establecer cómo se produjo la colisión.
En ningún lado consta que se haya realizado la autopsia, aunque ni el médico policial ni un forense hicieron un examen externo del cuerpo para determinar causas evidentes de muerte que la hicieran innecesaria. Tampoco hay un certificado médico que establezca los motivos de la defunción. La clínica donde el obispo agonizaba fue rodeada por fuerzas militares y policiales y lo mismo ocurrió con la Catedral luego de su muerte, tal como había sucedido en La Rioja luego del asesinato de Angelelli. Los militares temían una reacción popular porque nadie creía que se hubiera tratado de un accidente. El expediente judicial contiene irregularidades y omisiones más graves. Contra lo usual, la policía devolvió los vehículos y su contenido sin que se certificara la propiedad de cada uno y no describió el contenido de los dos portafolios que llevaba Ponce de León.
Las contradicciones
El conductor de la pick-up F100, modelo 77, Luis Antonio Martínez, declaró que debió frenar en forma brusca para no embestir a un colectivo. Como la ruta estaba mojada, la camioneta patinó y se cruzó a los trompos sobre la otra mano, por donde avanzaba el Renault. Nada se hizo para determinar por qué no quedaron huellas en el pavimento. Ni la policía ni el juez buscaron testigos del choque.
Tampoco identificaron al colectivo ni al chofer y sus pasajeros que podrían haber relatado lo sucedido. La escueta instrucción judicial no verificó si las heridas que causaron la muerte del obispo eran compatibles con los daños del vehículo en que viajaba. Nunca se estableció quienes llevaron al obispo moribundo al hospital ni en qué vehículo.
Luis Antonio Martínez dijo que él y su acompañante en la pick-up, Carlos Sergio Bottini, viajaban hacia Entre Ríos “por razones comerciales” de la empresa Agropolo S.A. dedicada a negocios agropecuarios y propietaria de la pick-up. Bottini se identificó como directivo de Agropolo, con domicilio en Viamonte 1866, de la Capital, esto es, a pocos metros de lasede del batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Todos los edificios vecinos a esa unidad operativa eran por entonces propiedad del propio batallón. El juez le devolvió la camioneta, pero en el expediente no quedó constancia de la documentación que acreditaba su propiedad. Ni la existencia real de Agropolo, ni sus negocios fueron objeto de constatación.
Cuando la policía buscó los antecedentes de Luis Antonio Martínez, la empresa en que trabajaba ya no fue mencionada como Agropolo sino como Don Paco. Recién dos meses después el juez Oberdán Andrín, cuñado del ex hombre fuerte del peronismo San Nicolás, José María Díaz Bancalari, escuchó por primera vez a los tripulantes de la pick-up.
El 18 de julio de 1978, condenó a Martínez a seis meses de prisión, dejó la pena en suspenso y lo inhabilitó para manejar durante cinco años. La única descripción de lo sucedido en todo el expediente es la del condenado por homicidio culposo. Aun así, en la apelación surgieron dudas sobre su relato.
En setiembre de 1978 la Cámara de San Nicolás destacó que el conductor había dado tres versiones distintas de lo sucedido.
Los camaristas se limitaron a afirmar que en cualquier caso su responsabilidad era indudable y confirmaron la condena pero no les interesó profundizar en las causas del cambio de versión. Nadie tomó declaraciones sobre las amenazas y persecuciones al obispo, que todos conocían en San Nicolás.
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