En relación a este último aspecto, le solicitaron que señale de manera específica "si se han detectado perforaciones clandestinas y si se han aplicado y ejecutado las sanciones correspondientes a los propietarios de las mismas".
En los fundamentos del proyecto, el diputado Jaime Linares (CC) advirtió que el mismo está motivado en "el progresivo deterioro ambiental que están sufriendo los recursos hídricos subterráneos ubicados en la provincia de Buenos Aires, siendo principalmente grave la contaminación y sobreexplotación al que está sujeto el acuífero Puelche, principal reserva de agua dulce del país".
El titular de la bancada de la CC agregó que "este deterioro se debe a las extracciones de grandes volúmenes de agua debido al riego que se lleva a cabo en las zonas mas productivas de la provincia de Buenos Aires, como por la utilización que del recurso llevan a cabo las industrias ubicadas y concentradas en el Área Metropolitana para la realización de sus procesos productivos".
El legislador indicó que "en general las perforaciones son efectuadas por los propietarios y arrendatarios de los predios y como bien es sabido los pozos de explotación para riego deben construirse con arreglo a normas técnicas preestablecidas que tienden a la protección del recurso subterráneo".
El proyecto se hace eco de una serie de denuncias realizadas por intendentes del noroeste provincial que pidieron “el poder de policía” para controlar las perforaciones y cobrar una tasa a la extracción de agua. El planteo tiene el visto bueno del gobierno provincial y podría plasmarse en un proyecto de ley, que descentralice el control de la Autoridad del Agua en los municipios.
Linares sotuvo que han denunciado la extracción de agua los intendentes de Balcarce, Tandil, Rojas, Baradero y Salto, y en distritos del Área Metropolitana, que incluyen a La Plata, Berisso y Ensenada.
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