Ahora, el Gobierno bonaerense impulsa el juicio político al juez por haberle otorgado el beneficio de la pulsera magnética pese a los antecedentes del imputado, quien además había violado en dos oportunidades su libertad condicional.
El ministro de Justicia, Ricardo Casal, aseguró que el magistrado fue negligente porque "vio los antecedentes y aún así le dio el beneficio". También explicó que se realizó un relevamiento sobre las 300 pulseras en funcionamiento y aclaró que con la reforma del Código Procesal Penal el sistema sólo será un beneficio concedido para cuestiones humanitarias: a mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años, enfermos terminales y ancianos, para que esta decisión no quede en manos de la valoración del juez.
- ¿El juez Schiavo estaba obligado a conocer los antecedentes de Fernández antes de otorgarle el beneficio de excarcelación por monitoreo?
- Totalmente. Es un error del juez haberle concedido el beneficio. Cuando el diputado Guido Lorenzino pidió el juicio político a Schiavo, en los argumentos dice claramente que hay elementos para destituirlo debido a que el juez titular de la causa le había denegado hace poco tiempo la excarcelación y le dictó la prisión preventiva y eso fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. El tema se cerraba ahí porque los antecedentes de Fernández eran contundentes y no había posibilidad de pulsera.
- ¿Schiavo no pidió los antecedentes?
- El dice que pidió informes periciales y al Servicio Penitenciario, pero lo que pidió son un informe Ambiental, donde consta que tiene esposa e hijos y un informe al Servicio Penitenciario que pregunta si se puede colocar la pulsera por la infraestructura de la casa en la que vivía. No pidió informe criminológico y los antecedentes estaban claros. El los vio y aún así tomó la decisión.
- ¿Habló con el juez para pedirle explicaciones?
- No. No intenté hablar por un tema de respeto a la independencia de poderes. La verdad, no sé qué pensó… no sé.
- Usted dijo que de las 300 pulseras magnéticas en uso en la provincia había 22 casos preocupantes, ¿recibió respuesta por parte de los jueces de esas causas?
- En un caso tuvimos respuesta inmediata, que es el caso del jueves en Florencio Varela donde el detenido estaba en la puerta de la casa tomando cerveza. Yo ya le había mandado el oficio a la magistrada, no porque fuera un caso grave, sino porque el detenido había cortado varias veces la línea telefónica. La jueza me notificó que le revocó el beneficio y lo mandó a la cárcel. Ahora estamos esperando a la semana que viene porque están todos en feria judicial para que resuelvan, algunos seguramente van a mantener su decisión.
- ¿Usted va a insistirle a cada juez que revea el caso?
- No puedo más que sugerirles. En los casos de transgresiones al sistema, no importa el delito, le dirigí al juez la comunicación de la transgresión y sugerí la revocación de la medida. En los casos de delitos graves le pido al fiscal que representa al Estado que él le pida al juez revisar la medida. Yo sólo les puedo advertir la falla y decirles "hagan algo". No puedo hacer más.
- Mientas tanto, ¿cuál es la situación de esos 22 detenidos que ustedes consideran que son peligrosos? ¿Se los está custodiando?
- No existe norma sobre el sistema electrónico, la única norma es de 2005 que dice que cuando se interrumpe el monitoreo, el SPB debe comunicar por oficio al juez dicha circunstancia. Ahora nosotros agregamos que además debe haber custodia física y profesional, queremos cruzar las dos instancias de la cuestión: primero y fundamental la de la seguridad de que el detenido esté en su casa, los otros 299 que auditamos estaban en su vivienda; y por otro lado, queremos que los profesionales del Patronato de Liberados los sigan y los monitoreen, hay que tener en cuenta que en su mayoría es gente que no recibe ayuda, son excluidos: sus familias no tienen dinero, ni trabajo estable. El riesgo existe también por la situación social que atraviesan estas personas.
- ¿Cuando se modifique el Código Penal para que el sistema sea sólo concedido a embarazadas, con niños, enfermos terminales y ancianos, que va a pasar con los 300 presos que cumplen prisión domiciliaria?
- Los que ya obtuvieron el beneficio, ya no hay vuelta atrás a menos que el juez revoque el beneficio, la ley penal es siempre para adelante.
- ¿Se piensa reveer el sistema de monitoreo?
- El contrato con este sistema de monitoreo vence el 31 de agosto y estamos analizando la licitación para el nuevo, y para eso dimos intervención a la Facultad de Ingeniería de la UNLP para que ellos, como órgano técnico, nos hagan un informe sobre el mejor sistema: si debe ser telefónico o satelital. Porque hay ofertas de los dos casos. Que nos digan qué es lo más recomendable.
- Da la impresión de que se responsabiliza a los jueces por las fallas ¿pero el sistema de monitoreo es eficaz o no?
- El régimen sirve en tanto el beneficiario lo haga servir. El sistema es bueno si el beneficiario tiene moral porque si uno desde el primer día intenta violentarlo no sirve. Por eso, es importante la moral del detenido y debe darse en condiciones excepcionales, la falla no es del sistema, es de los hombres.
- ¿Qué va a hacer la Provincia para contener a los detenidos en su vivienda?
- Firmamos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y en los próximos días a todos los casos de quienes estén detenidos en su domicilio les vamos a dar herramientas básicas para hacer un oficio. De ese modo creemos que no violará su condena porque podrá trabajar y se sabe que el ocio es mala compañía. La idea es prepararlo para que cuando termine su condena tenga una actividad para integrarse a la comunidad.
- Un diputado provincial del FPV propuso debatir que se implemente la pena de muerte, ¿cuál es su opinión?
- No la comparto para nada. En el mundo no ha servido, lo digo a título personal. No es óptimo. Matar al delincuente significa que el Estado toma el mazo del delincuente para hacer justicia, y la verdad es que el Estado no está para eso.
NOVEDADES
Ricardo Casal informó que fueron relevadas las 54 cárceles de la provincia y que se elaboró un plan de trabajo para crear aulas talleres y casas para trabajadores externos (las primeras serán en el Conurbano y Necochea), "porque un interno que trabaja hoy está dentro de la celda en la que debería estar uno de Máxima seguridad", dice Casal. Para eso se construirán casas extra-muros dentro del predio del penal, para que puedan salir a trabajar y volver a esas casas y que las plazas que liberan queden para los de máxima seguridad. Hay 1.200 trabajadores externos, la mitad están en unidades de régimen abierto, así que se construirán entre 50 y 80 casas para 600 personas que podrán ser habitadas hasta por seis personas.
Otro de los planes a corto plazo es rehabilitar 2.900 plazas carcelarias inhabilitadas por orden judicial por condiciones desastrosas, construcción de pabellones de máxima seguridad en cada cárcel para garantizar la visita familiar a los detenidos; construcción de más cárceles, entre ellas la Unidad Nº 5 de Mercedes y un complejo de tres cárceles de 500 personas cada una en el Conurbano Oeste.
Además, Casal anunció que se implementará un nuevo modelo de detención, único en el mundo que se llama de Alcaidías Departamentales, que implica que se van a construir edificios de 40 metros por 40 que reemplazarán a los calabozos de comisarías. En La Plata se hará en la rotonda de 191 y 44.
Todos los detenidos en la vía pública irán ahí y de ese modo se liberarán los calabozos de comisarías. Estas alcaidías serán dirigidas por abogados y custodiadas por el Servicio Penitenciario, adentro tendrán las oficinas el defensor y el fiscal y habrá una terminal electrónica de identificación de reincidencia. El modelo estará listo en 10 meses. Las 12 primeras alcaidías costarán 50 millones de pesos
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