La ex jefa del área Títulos, de Rentas, Adriana Elizabeth Nociti, y los ex empleados Andrés Berro, Juan Carlos Bruno, Juan José Pasquarelli y Jorge Daniel Cerdá. Serán juzgados por la Justicia platense acusados de estafa al Fisco.
Nociti está imputada del presunto delito de «fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público»; mientras que a Berro, Bruno y Cerdá serán juzgados por el mismo delito, pero en grado de partícipes necesarios.
Pasquarelli está acusado del delito de defraudación en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario. El juez de Garantías de La Plata, Néstor de Aspro, ordenó que las cinco personas sean sometidos a juicio oral y público por la causa iniciada en abril de 2004, tras una denuncia radicada por la en ese entonces directora adjunta de Rentas y presidenta del Tribunal Fiscal provincial, Mónica Carné.
Según la denuncia, se había detectado que entre noviembre de 2003 y abril de 2004, se habrían «borrado» las deudas que mantenían varios contribuyentes bonaerenses en concepto de ingresos brutos, inmobiliario y patente de automotores. Se estima que esta maniobra produjo un perjuicio de 3,5 millones de pesos. En tanto la causa prosigue con la investigación de la conducta de los contribuyentes, sus abogados y contadores.
El Caso
Las presunciones surgen del análisis del listado de 754 contribuyentes morosos de la Provincia, que coimearon a por lo menos tres empleados del organismo -un jefe de Departamento de Cobro Perjudicial y dos auxiliares- para que les «borren» deudas de impuestos sobre Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor, por un 25 por ciento de los montos originales. El listado incluye casos de fraude en cerca de 80 localidades del interior bonaerense. Con más de 10 situaciones ilegales aparecieron 9 comunas, y hay 71 que no alcanzan la decena.
Los casos emblemáticos fueron en Balcarce, donde un propietario de 16 inmuebles «borró» una deuda por más de medio millón de pesos. Otro el de un productor de Chivilcoy, que debía 260 mil pesos y los canceló ilegalmente.
Además, de los 754 casos hay al menos 42 en Chascomús -donde el fraude se eleva a un millón y medio de pesos-, 156 en La Plata, 7 en Azul, otros 18 en la propia Balcarce, 46 con domicilio en la ciudad de Buenos Aires y 255 en Mar del Plata, que encabeza la lista con una suma sin intereses cercana a los 2 millones y medio de pesos.
Del resto, la mayoría son de sólo un caso por partido -como Bragado y Colón-, pero todos ascienden a cifras millonarias. Fuentes de Rentas confiaron a que se registraron pocos fraudes con Ingresos Brutos, aunque tienen una particularidad: todos pertenecen a empresas y la mayoría de ellos son por montos muy altos.
En tanto, la cantidad más grande de estafas corresponden al impuesto Inmobiliario y Automotor, y son de contribuyentes particulares.
«Eso sí, hay muchos multi- propietarios, que en algunos casos superan los 20 inmuebles», informó un alto funcionario del organismo.
Red mafiosa
Hay quienes sospechan de la participación de «falsos gestores», estudios de abogados y contadores, que podrían haber acercado clientes, organizado la maniobra para centralizarla en la capital provincial y garantizado el éxito de las estafas. De todas maneras, se desconoce el posible tamaño de la organización. «Hay que hacer un análisis en el tiempo. Si se registran varios casos en un breve lapso, pueden ser pocas personas que los juntaron.
Si hay una constancia en los casos, podríamos hablar de una red más extensa y organizada», detallaron en la sede de Rentas. Una presunta maniobra fraudulenta destinada a «borrar» deudas por los impuestos Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos fue detectada en Rentas de la Provincia, según la denuncia efectuada por autoridades del ministerio de Economía, donde el monto de la defraudación fue calculado en más de 30 millones de pesos.
Los fiscales a cargo del caso fueron Carlos Argüero y Esteban Lombardo.
Estos señalaron que la causa abierta fue definida como «defraudación en perjuicio de la administración pública, reiterada», una figura en principio excarcelable, aunque, según indicaron los investigadores, «en virtud de la reforma judicial las excar- celaciones podrían llegar a denegarse si se comprueba que hubo funcionarios públicos involucrados».
Los descubren
La maniobra, según se supo, se detectó cuando personal de Rentas advirtió que al sistema informático habían ingresado como canceladas cerca de 700 deudas impo- sitivas en trámite judicial de cobro, mediante el sistema de títulos ejecutivos.
Lo que llamó la atención de la directora adjunta de Legal y Técnica Tributaria, Mónica Viviana Carne, fue que -según los registros informáticos- la mayoría de esas deudas se habían cancelado en trámites que apenas duraban minutos desde el momento de la emisión del título ejecutivo, cuando un trámite normal dura entre 45 y 60 días dado que el expediente debe ser primero revisado por la Fiscalía de Estado.
Así, se ordenó intervenir las terminales desde donde se podía operar el sistema, al que sólo se accede mediante claves que únicamente manejan unos pocos funcionarios de mediano rango.
Y -según lo indicado en la denuncia de Rentas se estableció entonces que el o los autores de la presunta maniobra emitirían títulos ejecutivos para la cancelación de deudas y luego simularían la existencia de los comprobantes de remito y recepción de esos títulos hacia y desde la Fiscalía de Estado.
Una vez realizada esta maniobra presuntamente ingresaban al sistema y daban por pagadas deudas por distintos impuestos. Otras fuentes, en tanto, confiaron que los responsables de la defraudación habrían estado cobrando entre el 25% y el 35% del monto total de las deudas que «ayudaban» a cancelar.
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