La idea, explican, es poder realizar algún tipo de control sobre el riego artificial y legislar sobre los pozos de extracción de aguas. El plan ya llegó a las más altas cúpulas del gobierno de Scioli y en el campo dicen no poder creer que se hable de más impuestos para el sector.
El razonamiento de los intendentes es el siguiente: «Si le estamos cobrando a un jubilado por el consumo domiciliario, es casi una ironía que no le apliquemos ningún tipo de imposición a aquellos que utilizan el agua para el riego de los campos y ganan fortunas». De esta manera, los jefes comunales, la mayoría del norte de la provincia, piden que se los autorice a cobrar una contribución a quienes arriendan hectáreas y realizan pozos para extraer agua.
Concretamente, la posibilidad de que se les delegue a las comunas el control de los pozos, y la consecuente imposición al uso del agua, fue planteada hace unos días por un grupo de jefes comunales al ministro de Gobierno, Alberto Pérez.
Se trata de intendentes de distritos como Rojas, Salto y Baradero, entre otros, que dicen que la extracción del agua para el riego se realiza sin ningún tipo de control y que esa falta de seguimiento podría derivar en casos de contaminación de las napas con agroquímicos.
Un proyecto rojense
El principal impulsor de que se imponga alguna tasa a la utilización del agua para el riego es el intendente de Rojas, Norberto Aloé (FpV). El poder de policía sobre los pozos lo tiene la Provincia por medio de la Autoridad del Agua, pero el jefe comunal sostiene que ese organismo «no puede hacer un control desde La Plata en todos los distritos».
«Por eso estamos pidiendo que los municipios puedan hacer inspección sobre estos pozos clandestinos, porque estamos corriendo el riesgo de que se contamine el agua de uso domiciliario», explicó Aloé.
Según dijo el intendente de Rojas, empresas que arriendan campos realizan pozos para extraer agua para el riego sin ningún tipo de control. “Sacan millones y millones de litros y ya hemos recibido quejas de gente que obtiene muy poco caudal de agua de molinos porque están bajando las napas»
Aloé estimó que se obtienen hasta 100 mil litros por hora de los pozos y alertó sobre la posibilidad de que la falta de control empiece a complicar la distribución domiciliaria.
Aseveró que en su distrito de 205.000 hectáreas hay unos 160 pozos. «Es una barbaridad, porque, además nadie accede a controlar si están encamisados para evitar la contaminación del agua con agroquímicos», indicando además que su municipio conoce la cantidad de pozos que se realizan en el distrito debido a la colaboración del INTA, que posee un sistema satelital.
«No estamos en contra del riego, pero hay que controlar. No puede ser que se le cobre a un jubilado el consumo domiciliario y estas empresas de siembra y semilleras que ganan fortunas, no paguen nada».
“No tiene precio”
Los intendentes de la zona norte -conocida como el Triángulo de Oro por las bondades de su tierra para la agricultura-, piden que se realice un estudio para que la Provincia les otorgue las facultades de control. Y justifican: «Tener el agua en el momento apropiado, como disponen estas empresas, no tiene precio».
La propuesta apunta básicamente a los pooles de siembra, que son los grandes arrendatarios en esta zona de la Provincia.
«Hacen los pozos y como nadie tiene acceso al campo, no se los controla. Por eso le pedimos a la Provincia que autorice a las comunas a ejercer la fiscalización. (HOY)
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