Actualmente, cada intendente dispone mejoras salariales sin que esté obligado a convocar a los sindicatos municipales a una negociación colectiva. Y lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, cambian condiciones de trabajo.
Pero esta situación podría comenzar a cambiar si es que se aprueba el proyecto de paritarias municipales que ya tuvo despacho en la comisión de Asuntos Municipales. Esta iniciativa fue analizada incluso en una reunión que varios legisladores mantuvieron con funcionarios del gobierno de Daniel Scioli, donde no hubo objeciones al avance de esta normativa.
El proyecto, básicamente, institucionaliza la negociación salarial entre los gremios municipales y los inten- dentes. Y obliga a los jefes comunales a sentarse a dialogar con los gremios antes de disponer cambios en los sueldos o en aspectos laborales. Tal como está concebido -motorizado incluso por entidades sindicales- el proyecto quita a los intendentes atribuciones y margen de maniobra, de ahí la resistencia de varios de ellos a que prospere esta iniciativa.
Derogación y dos negociaciones
El proyecto deroga la ley 11.757 (Estatuto del Personal Municipal). Esa medida es impulsada porque varios legisladores consideran que «no garantiza al servidor estatal la tranquilidad necesaria para el cumplimiento de su tarea y no permite establecer la autonomía municipal toda vez que legisla sobre materia propia de cada municipio».
Pero se menciona otra cuestión central. «La ley desconoce los principios y derechos señalados al legislar provincialmente e imponer a todos los municipios un régimen laboral único, en perjuicio del trabajador municipal», se añade.
El proyecto que se propone en su reemplazo establece dos tipos de negociaciones: una de carácter provincial y otra, local. En el primero de los casos, la discusión pasará, entre otras cosas, por establecer un piso salarial provincial para todos los municipales.
Hoy existe una notoria disparidad en esa materia, ya que hay comunas que pagan sueldos bajísimos en relación a municipios con menos dificultades financieras.
Para este caso, la representación de los municipios se conformará con ocho representantes que designarán los intendentes: cuatro en representación de los partidos que integran el Conurbano bonaerense, La Plata, Berisso y Ensenada, y cuatro en representación del interior. Tal representación, que será establecida entre todos los municipios de la Provincia, «deberá atender a la diversidad política, económica, pobla- cional, territorial y de desarrollo de los mismos». Esa definición demandará, se prevé, una ardua negociación entre los propios jefes comunales.
En tanto, del lado de los municipales podrá haber más de una representación, aunque en un número máximo de ocho. La otra negociación será estrictamente local, e incluirá cuestiones salariales más allá del piso que pueda acordarse y otros aspectos laborales.
Los diputados que impulsan el proyecto sostienen que, con la negociación colectiva, cada comuna podrá, por ejemplo, pagar porcentajes por antigüedad al personal más elevado que el piso que se establezca según sus disponibilidades financieras. De paso, se evitaría un conflicto que afectó hace un tiempo a varios municipios que pagaban ese plus por encima del 3% y esas erogaciones fueron objetadas por el Tribunal de Cuentas
Los conflictos
La norma establece, además, que las partes deberán acordar mecanismos de auto- rregulación del conflicto y que será materia obligatoria de negociación las cuestiones vinculadas con los servicios esenciales para la comunidad, de manera que los paros no afecten la prestación de aspectos básicos de la comuna.
Y para el caso de que no exista acuerdo, tanto la Comuna como los sindicatos municipales deberán someterse al organismo arbitral que está en vías de creación en la Provincia.
El proyecto demandará una ardua negociación. De hecho, sólo dos comunas -Tigre y Laprida- han instrumentado paritarias con los gremios municipales más allá de la actual legislación.
Muchos intendentes son refractarios a realizar esa concesión. Y un dato lo avala: en la ley de paritarias para el sector público provincial se incluyó un artículo para que los municipios pudieran llevar esa negociación a los ámbitos locales.
Y una abrumadora mayoría de ellos le dio la espalda a esa posibilidad.
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