La medida comprende al dirigente de la Sociedad Rural de San Pedro Raúl Victores; su hijo Rufino, y los productores agropecuarios Juan Kissling, Juan y Fernando Morreres, Alberto Batalla, Fabián Pascual y Reinaldo Bianchini.
El dictamen acusatorio del fiscal Murray deberá ser resuelto en los próximos días por el juez federal nicoleño Carlos Villafuerte Ruzo.
Hasta ese mediodía, el fiscal no se había pronunciado sobre la situación de otros imputados, entre ellos la legisladora de la Coalición Cívica Margarita Stolbizer y el intendente de San Pedro, Mario Barbieri.
Los delitos que el fiscal imputó a los ruralistas contemplan penas de hasta diez años de cárcel, pero por el mínimo de cada uno son de los considerados "excarcelables".
De hecho, fuentes judiciales dijeron que el fiscal no pidió la prisión preventiva de los imputados.
Murray dio por acreditados los hechos motivo de su imputación, en una causa en la que intervino "de oficio", a partir de grabaciones de una radio sampedrina que cubrió los acontecimientos y los relatos de testigos.
También tomó como referencia filmaciones de TV.
El dictamen del fiscal Murray no es vinculante, de modo que el juez podría, o no, coincidir con su criterio.
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