Por estos días y ante la proximidad del 25 de Mayo, se pretende presentar a esa figura abstracta del “campo”como una unidad indivisible con la patria. Mostrando como lo más representativo de esos valores a los productores, que salen a cortar rutas o realizar piquetes en momentos de mayor rentabilidad del sector, para utilizar un término que les es propio.
Y que permanecieron ausentes de las luchas sociales durante la era menemista, cuando lo peor de la economía de mercado producía multitudes de famélicos que cortaban rutas por comida y trabajo, o cuando sus propias pertenencias- tierras incluídas- quedaban en manos de la usura legal de algunos bancos.
Este “campo” que habló durante todo el conflicto de rentabilidad, retenciones, y un recientemente descubierto federalismo, invisibiliza, a través de su discurso y sus conductas, a las verdaderas víctimas de la falta de una política agraria en serio: los peones rurales.
No hemos escuchado a ningún productor rural pedir que se derogue la Ley 22248 Régimen Nacional del Trabajador Agrario, engendro nacido en plena dictadura militar en 1980, y su Decreto Reglamentario 563/81, aún vigentes y que en uno de sus artículos propone que, cuando el trabajador rural finaliza su trabajo-temporario o no- puede ser desalojado de su vivienda dentro del establecimiento rural, por la fuerza policial. Entre los abogados laboralistas progresistas que defienden el sistema legislativo democrático, hay resistencia a llamarla ley y la mencionan, simplemente, como regla estatal.
Esta regla estatal, permite aquí en Salta y Jujuy que los ingenios azucareros, contraten trabajadores/as bajo el régimen del peón rural, a pesar de que les correspondería ampararse bajo el régimen industrial, porque esto significa salarios más bajos y la posibilidad de que la empresa contrate durante 6 o 7 meses al año, por décadas, a la misma persona, sin que esto signifique acumular antigüedad. Empresas de este tipo se erigen ante la opinión pública como modelos de empresas productivas.
Peones rurales que en gran parte del país perciben salarios por debajo del salario mínimo y que en casos afortunados, sus patrones se avienen a pagarles un plus no remunerativo, al menos para guardar las formas. Estos hombres y mujeres, asalariados del campo, ausentes en las demandas de este conflicto agrario, no tienen ni tendrán la misma posibilidad de salir a cortar rutas por sus derechos.
De inmediato, quedarían privados de sus míseros salarios y perderían las patéticas casuchas que habitan, con sus familias numerosas, en tierras de propiedad del patrón .Por otro lado, la historia de nuestro país nos muestra que, luchas por estas reivindicaciones, terminaron en masacres colectivas.
Hombres y mujeres del campo, asalariados, víctimas del trabajo irregular, los desaparecidos civiles en democracia, los que no tienen acceso al crédito, la vivienda propia, a la salud, a los servicios sociales.
Los/as que durante décadas no pudieron, por las mismas razones, ingresar al sistema previsional. Hasta que las leyes 25954/04( sin vigencia hoy) y 24476/07,acercaran un poco de justicia a sus desgraciadas situaciones, que aún cuando permiten que, con o sin aportes, quien cuente con la edad, pueda acceder al beneficio de la jubilación, no reivindica la situación del peón/peona del campo.
Que los peones/peonas rurales permanezcan ausentes en el discurso de los productores agrarios, nos lleva a pensar que cuando éstos hablan de rentabilidad no están pensando –precisamente-en el sector más desprotegido, los verdaderos condenados de la tierra, junto a los pueblos originarios, como decía el pensador francés Franz Fanon.
¿ Puede ponerse la rentabilidad de un sector por encima de los intereses y el bienestar de toda la comunidad? En algunos lugares del país parece que sí. En nombre de la rentabilidad se han desvastado en Salta miles y miles de hectáreas de bosques que cedieron frente al avance de la frontera agropecuaria.
En nombre de la rentabilidad, las topadoras del progreso pasaron por encima de miles de especies de árboles nativos, de ranchos y de derechos ancestrales que sobre esas tierras poseen las comunidades indígenas. Un estudio realizado por La Universidad Nacional de Salta y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, estableció- entre otras cosas- que el 90% de las comunidades indígenas no poseen tierras a su nombre, pues quedaron en manos de empresas agropecuarias.
Lo que amenaza seriamente la supervivencia de estos pueblos ya que los desmontes para soja o ganadería eliminan los recursos naturales que constituyen la principal fuente de alimentación de estas comunidades. El avance de la frontera agropecuaria que conllevan estos desmontes constituyen -como lo afirma el Lic.Héctor Rodríguez-“un lento genocidio de los pueblos indígenas. Una verdadera continuación de la Conquista…”
También permanecen ausentes en el discurso de los productores rurales en conflicto, las demandas históricas de cientos de miles de campesinos del país, que no siembran soja, que se dedican a otros granos, a la horticultura y a criar animales en una verdadera economía de subsistencia. Y no se sienten representados ni por la Federación Agraria, ni por la CRA, ni por Coninagro y mucho menos por la conservadora Sociedad Rural .Están ausentes porque estos campesinos pobres, también son víctimas del afán de rentabilidad de algunos empresarios agropecuarios y el boom de la soja.
Víctimas o victimarios
En un hecho- que probablemente gran parte de la ciudad conozca- la diputada nacional por el distrito La Plata(FPV) Nora César, fue imputada a través de un comunicado con firmas sin aclarar, de haber puesto en riesgo la vida de quienes estaban manifestándose a la vera de la ruta , hace dos domingos atrás. La inexistencia de una denuncia penal contra la supuesta agresora, hace perder consistencia y hasta credibilidad de lo que no se denuncia en la justicia y se pretende denunciar en los medios.
Quienes denunciaron y quienes se hicieron eco de esta denuncia tal vez desconozcan que los periodistas y los medios no denunciamos, informamos los hechos. Y que cuando se imputa a una persona un hecho o delito inexistente o no, se debe dar a conocer la información solo cuando ha sido debidamente chequeada .
El Manual de Estilo del diario Clarín dice en relación a las fuentes de información que “toda noticia debe estar debidamente chequeada y verificada y sustentarse en fuentes legítimas y representativas. La noticia se construye a partir de testimonios de terceros, salvo en el caso de que el periodista estuviera presente en el acontecimiento.
Aún así es necesario el registro de testimonios de los protagonistas y/o testigos de ese hecho”A la luz de estas recomendaciones, un comunicado con firmas, sin aclarar refrendado por un “Productores Autoconvocados de Colón y….”(etc) parece insuficiente para sustentar una información que bien podría ser falsa .O lo que en la jerga periodística llamamos “ carne podrida”
Hasta aquí las víctimas parecieran ser los productores rurales que reclaman por sus derechos en los medios de comunicación. Ahora bien, ¿estos productores rurales son los mismos que agredieron a dos trabajadores de la prensa, hecho que corroboré de primera fuente?
Entre estos supuestos agredidos por el supuesto accionar feroz de una diputada nacional, habría quienes en un acto de autoritarismo e intimidación detuvieron contra su voluntad al ómnibus en el que se trasladaba el periodista Rodolfo Piraccini obligándolo a bajar, para escuchar recriminaciones varias por opiniones no insultantes, vertidas en el marco del derecho a la libertad de expresión. Los productores rurales reclaman por sus derechos sin respetar el derecho de los demás.
Y peor aún, cometiendo actos que sí merecerían una denuncia ante la justicia. Consultado el abogado penalista salteño Pedro García Castiella, afirmó que este hecho configuraría coacción y privación ilegítima de la libertad. Entre estos supuestos agredidos por el supuesto accionar feroz de una diputada nacional habría quienes intentaron arrebatar la cámara filmadora y golpearon al camarógrafo de Canal CVC, Sebastián Sastre cuando cumpliendo con su trabajo, tomaba imágenes de piedras lanzadas por algún productor rural contra un ómnibus detenido en la ruta y desde donde partían voces de protesta, hecho que mereció una presentación por parte del damnificado, ante los fueros civil y penal.
El lockout patronal también nos mostró la cara autoritaria e irracional de algunos hombres del campo, que cuando hilamos finito, podemos ver que se transforman, sin escala previa, de víctimas a victimarios.
Del productor-senador provincial Gerardo Reverberi
Entrevistado en varias ocasiones para los medios donde me desempeño, el productor rural-senador por el distrito Colón, Gerardo Reverberi hizo gala de una sinceridad inédita para la ocasión. Afirmó que, desde hace unos días estuvo participando en los piquetes rurales en calidad de político ya que estuvo acompañando a la líder de la Coalición Cívica Dra. Elisa Carrió. Antes, participó de esta medida de fuerza en calidad de productor.
Consultado acerca de cuales son sus ingresos como senador por el distrito Colón reconoció el siguiente detalle:
Dieta de legislador provincial, restados los aportes partidarios al ARI y la Coalición Cívica y deducidos los impuestos a las ganancias $ 7800 mensuales. Monto anual para subsidios con firma de intendente y avalado por el senador $150.000.El senador Reverberi aseguró que esta cantidad será distribuida en los 15 distritos de la 2º sección electoral. También dispone de 12 becas mensuales de $ 300 c/u, que se encuentra distribuyendo en la actualidad.
Alrededor de $4000 mensuales para donar banderas y trofeos Presupuesto de $15.000 a $16.000 para contratos de personal. Actualmente el senador cuenta con 5 colaboradores, aunque podría nombrar hasta 10 lo que incrementaría dicho presupuesto. Viáticos contra presentación de planillas para combustible por $ 2000 mensuales. Reverberi aseguró que planea presentar ante quien corresponda declaración jurada patrimonial.
En otro orden de cosas, afirmó que dona de manera voluntaria, junto a otros legisladores de la Coalición Cívica, registrado en escribanía y mediante recibo, la suma de $1000, mil pesos mensuales cada uno, para solventar la actividad de la señora Carrió.
*Periodista integrante de PAR Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista.
Vocal titular 1ª de APeS Asociación Periodistas de Salta
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