El bloque del oficialismo de la Cámara de Diputados de la Nación resolvió ayer abrir el debate parlamentario para meterse de lleno en el conflicto con el campo. La decisión que contaría con el visto bueno del Ejecutivo Nacional, pone el acento en una discusión abierta sobre varios temas que siempre fueron disparadores de arduas polémicas.
El primero es la recreación de la Junta Nacional de Granos (JNG) y de la Junta Nacional de Carnes (JNC) a raíz de dos iniciativas parlamentarias. La que impulsa la recreación de la JNG es de autoría de la Federación Agraria Argentina (FAA) encabezada por Eduardo Buzzi, que fue canalizada en el Congreso por el presidente del bloque del ARI Autónomo, Eduardo Macaluse, con el que se crea una “Junta Nacional de Desarrollo Granario”.
Se trata de una versión aggiornada de la ex JNG que los federados vienen empujando y reclamando desde hace años en el parlamento sin lograr hasta ahora mayores resultados. Con el organismo se prevé la intervención en el comercio granario para “garantizar el normal abastecimiento interno de la totalidad de los cereales y oleaginosos, sus productos y subproductos”, además de equilibrar el comercio para evitar “que se ejerzan monopolios u oligopolios”, entre otros objetivos como el de promover el desarrollo rural.
La relacionada con la JNC, también fue presentada por el mismo Macaluse el lunes pasado, y apunta simplemente a la reflotar el organismo estatal de control en el comercio de carnes, que junto con su similar en materia de granos fueron desmantelados en la furia desreguladora de los noventa, por el tándem Menem-Cavallo.
Otra propuesta ―que ya había disparado la polémica el año pasado― es la que crea el ENPyCAA, “Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario”, un megaorganismo que viene a absorber las funciones de la Oncca actual.
Este proyecto abarcaría en esencia a los dos anteriores al incluir en un solo Ente las funciones que cumplían tanto la Junta de Granos como la de Carnes. Pero esta iniciativa incluye además al complejo agroalimentario en general por lo que deja bajo su órbita la totalidad de las cadenas de la producción y comercialización de alimentos.
La ley del ENPyCAA apunta a objetivos similares a los de Macaluse, lo que en su momento generó el apoyo público de la FAA, pero a la vez también mereció el rechazo enfático de entidades como CRA, la Sociedad Rural y las Bolsas de Cereales. La propuesta promete “asegurar un marco de transparencia, libre concurrencia y competencia en materia de producción, industrialización, distribución y comercialización de alimentos en el sistema agroalimentario”.
Esta última iniciativa ―cuya autoría corresponde al actual presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, el cordobés Alberto Cantero Gutiérrez― también tiene como meta “garantizar la seguridad alimentaria y la disponibilidad y accesibilidad de alimentos a precios razonables para la población Argentina”.
“La idea es iniciar el debate de los proyectos el martes próximo en la reunión de la comisión de agricultura con todos los legisladores que la componen” adelantó el diputado Cantero Gutiérrez en diálogo con El Enfiteuta. Ambas iniciativas serán puestas a consideración de los diputados de la comisión de la cual forma parte el jefe del ARI disidente, Eduardo Macaluse.
Pero eso no es todo. Desde le bloque oficialista se resolvió también que había que abrir el debate a la sociedad para la elaboración de una agenda legislativa en el marco de una política agropecuaria y agroalimentaria de cara al Bicentenario.
“Vamos a convocar a todos los sectores involucrados a un debate en el Parlamento para una agenda que contenga un plan de desarrollo agropecuario, agroalimentario, agroindustrial y de agroservicios de largo plazo” afirmó Cantero Gutiérrez. Y cuando el diputado dice “a todos” no habla metafóricamente.
La invitación para debatir el futuro plan estratégico incluye a las cuatro entidades gremiales de carácter nacional (CRA, SRA, FAA, Coninagro), las regionales o específicas ―tamberos, fruticultores, avícolas, etc.―, tanto a Aapresid y Aacrea como a los Foros de Agricultura Familiar y Campesinado Rural.
También se espera a los trabajadores rurales nucleados en Uatre, representantes de la agroindustria, los proveedores de insumos, la comercialización, los exportadores, la maquinaria agrícola, los consumidores, los consejos profesionales, y los organismos públicos como la SAGPyA, el INTA, el INTI, el Senasa, el INASE, Consejo Federal Agropecuario, y el hasta ministerio de Ciencia y Técnica.
Con esta amplísima convocatoria el kirchnerismo no solo recoge el guante que le había planteado la oposición en el Parlamento de convocar a las entidades para que el Congreso fuera un mediador en el conflicto con el campo, sino que redobla ―y varias veces― la apuesta abriendo el debate, se diría, al conjunto de la sociedad.
Todas estas propuestas serán puestas a consideración el próximo martes cuanto se reúna la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados con los legisladores que la componen. Allí la discusión en medio del conflicto con el campo promete un debate más que acalorado.
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