Según informó la cartera de Justicia en las cárceles de la provincia de Buenos Aires se encuentran alojadas 917 mujeres, de las cuales 19 están embarazadas y otras 73 conviven con sus pequeños hijos.
La resolución que Casal propone ahora revita- lizarla normativa firmada en el 2006 y adjudica en forma prioritaria el uso de pulseras magnéticas para las internas procesadas o penadas que estén alojadas con sus hijos o en estado de gravidez con pronóstico de dar a luz en el término de su detención.
El sistema de libertad vigilada fue implementado en la provincia de Buenos Aires en 1997 y pese a que su denominación es de «pulsera magnética», se trata de una especie de anillo que se coloca en el tobillo del preso que es excarcelado.
Tiene un transmisor que emite una señal que es recibida por operadores del Servicio Penitenciario bonaerense y que le permiten determinar la localización de la persona y saber si viola la detención domiciliaria.
Una vez colocada la tobillera, el detenido tiene un radio de movimiento que está acotado a la cercanía de su domicilio y que, si no lo cumple, pierde el beneficio.
Si bien la posibilidad de otorgar el beneficio queda a criterio de los jueces, en la Legislatura provincial está pendiente el tratamiento de un proyecto de ley que obliga a los magistrados a otorgar la libertad vigilada a mujeres embarazadas o con hijos menores a 6 años.
La iniciativa, de la diputada Laura Berardo (Frente para la Victoria), propone modificar artículos del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires y beneficiar con la llamada «prisión domiciliaria» a las detenidas embarazadas o que tuviesen a cargo hijos menores de 6 años de edad.
Establece que las detenidas deberán acreditar la maternidad con los respectivos certificados de nacimiento y el embarazo con el informe médico que corresponda y que el beneficio se eliminará en caso de que la imputada no cumpla con las reglas que se le impusieron, trate de eludir la acción de la justicia o no compareciere al llamado judicial sin causa justificada.
En la fundamentación del proyecto, Berardo explicó que la reforma tiene como «fin adecuar el Código a la normativa constitucional y a los estándares internacionales».
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